Luz formal y calles iluminadas: la obra que le cambia la cara a un emblemático barrio popular

Las conexiones eléctricas irregulares representan un riesgo para las familias que habitan los barrios populares, tanto por la posibilidad de sufrir accidentes domésticos como por los daños materiales que pueden provocar las sobrecargas y los cortocircuitos. A esos peligros se suman las dificultades que genera la falta de infraestructura adecuada para acceder a un servicio esencial en condiciones de seguridad.

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En ese contexto, el Programa de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE) contempla la ejecución de obras para regularizar el suministro eléctrico en distintos sectores de Viedma. La iniciativa comprende la instalación de redes eléctricas, alumbrado público, pilares domiciliarios y conexiones dentro de las viviendas, además de acciones de concientización sobre el uso de la electricidad.

La primera etapa concluyó en el Esperanza, donde 330 familias ya cuentan con la situación eléctrica regularizada. Los trabajos continuarán en El Progreso, con 110 familias previstas, y posteriormente en el barrio Unión, donde se proyecta alcanzar a otras 165.

El alcance de las intervenciones y sus efectos sobre la seguridad de los hogares fueron explicados por el subsecretario de Promoción Social de la Municipalidad de Viedma, Juan José Rosso, quien en diálogo con Radio Noticias destacó que el programa busca reducir los riesgos asociados a las conexiones irregulares y mejorar las condiciones de vida de los vecinos.

“Lo que comprende el programa es la red eléctrica de los barrios que no la poseen, el alumbrado público, la colocación del pilar domiciliario y la conexión intradomiciliaria eléctrica de cada una de las familias”, detalló el funcionario.

Rosso agregó que las acciones también incluyen charlas de concientización para promover un uso responsable de la electricidad y reducir el consumo de los hogares. Según explicó, el objetivo es que las familias puedan incorporar hábitos que les permitan utilizar el servicio de manera más eficiente.

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“Surgen accidentes domésticos por tener conexiones irregulares, pierden heladeras, pierden televisores, pierden artefactos de mucho costo hoy en día para las familias y también se originan incendios que en algunas ocasiones son pérdidas totales”, advirtió al referirse a las consecuencias que pueden generar las instalaciones precarias.

En ese sentido, el subsecretario sostuvo que la regularización eléctrica busca brindar mayor tranquilidad a quienes viven en los barrios alcanzados. Al respecto dijo que “esto viene a darles esa seguridad, las familias hoy no tienen en su mente cuando salen de sus hogares a trabajar que va a suceder algo en sus casas”.

El programa también contempla intervenciones fuera de las viviendas. En Esperanza, la instalación del alumbrado público permite mejorar las condiciones para circular por el barrio, mientras que la infraestructura de la red constituye la base para las conexiones domiciliarias.

“Hoy todo el barrio Esperanza tiene alumbrado público, pueden transitar a cualquier hora los vecinos de manera segura y, en consecuencia de esa red y ese alumbrado público, vienen las instalaciones domiciliarias que les dan seguridad adentro de sus hogares”, señaló Rosso.

En cuanto a la continuidad de las obras, el funcionario confirmó que ya comenzó la ejecución de la red eléctrica en El Progreso. Una vez finalizada esa instancia, se colocarán los pilares domiciliarios y se realizarán las conexiones dentro de las viviendas para completar la regularización del servicio.

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Luego se avanzará con las intervenciones previstas en el barrio Unión.

Otro de los componentes del PASE es el acompañamiento posterior a las instalaciones. Rosso explicó que los equipos territoriales realizarán un seguimiento durante 12 meses para observar la evolución de los consumos y orientar a las familias cuando se registren aumentos.

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De acuerdo con lo señalado por el funcionario, el programa establece además un tope de facturación de 250.000 pesos por bimestre para cada familia beneficiaria. La iniciativa es impulsada por el Gobierno provincial junto con EDERSA, empresa que, según Rosso, financia las intervenciones, mientras que los municipios participan en la ejecución territorial de las obras.