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05/10/2026

Certificados médicos truchos: fuerte pulseada por la jurisdicción de la megacausa

Defensores y fiscalía debatieron hoy la competencia territorial del caso que involucra a policias y docentes. El juez Dvorzak resolverá en los próximos días.
El juez Dvorzak definirá si la investigación sigue en Viedma. Foto de archivo NoticiasNet.
El juez Dvorzak definirá si la investigación sigue en Viedma. Foto de archivo NoticiasNet.

Una nueva audiencia judicial realizada este lunes volvió a poner en discusión dónde debe tramitarse la megacausa que investiga la presunta presentación de certificados médicos falsos por parte de agentes de fuerzas de seguridad provinciales.

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Durante la audiencia de excepciones procesales, instancia previa a la formulación de cargos, las defensas solicitaron nuevamente que el expediente sea trasladado a la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en General Roca. En cambio, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que la investigación debe continuar en Viedma, sede de la Primera Circunscripción.

El planteo fue realizado ante el juez de Garantías que interviene en la causa, Adrián Miguel Dvorzak, por los defensores Federico Marcelo Diorio y Diego Jorge Broggini. Por parte de la Fiscalía intervino Juan Pedro Peralta.

La audiencia contó con la participación de once imputados, aunque se registraron dos ausencias. El próximo round fue fijado para este miércoles 7 de octubre. Debido a las inasistencias, el cronograma podría ampliarse con una a tres audiencias adicionales.

El magistrado actuante deberá resolver si corresponde modificar la jurisdicción una vez que finalicen todas las audiencias previstas, de acuerdo a lo que surgió durante esta mañana en el edificio Anexo del Poder Judicial de Viedma.

El argumento de la Fiscalía

El fiscal Peralta rechazó los planteos de incompetencia territorial formulados por las defensas. Según sostuvo, no existe una afectación al principio de juez natural, sino una confusión entre la distribución territorial y administrativa de la Justicia y las reglas de competencia.

“Acá lo que se confunde es la distribución territorial y administrativa que dispone tanto el Código Procesal como la Ley Orgánica con una cuestión de competencia que no la hay”, afirmó.

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El representante del Ministerio Público citó distintas normas para sostener que, cuando los hechos investigados se producen en varias circunscripciones, debe priorizarse el lugar donde se haya desarrollado el hecho más complejo o grave y donde se evite generar mayores demoras procesales.

En ese sentido, Peralta remarcó que el presunto perjuicio patrimonial se habría producido en Viedma, donde funciona la sede administrativa e institucional de la provincia y desde donde se liquidan y ordenan los haberes de los empleados públicos involucrados.

“El perjuicio patrimonial se produce donde está la sede administrativa, funcional e institucional de la provincia, que está en Viedma”, sostuvo el fiscal. También invocó el principio de economía procesal y afirmó que trasladar el expediente a otra circunscripción provocaría demoras innecesarias.

Peralta señaló que, aunque los certificados médicos habrían sido solicitados desde distintas localidades de la provincia de Río Nehgro, la investigación principal se tramitó en Viedma. En ese marco, recordó que desde esta ciudad se gestionaron las órdenes de allanamiento, el levantamiento del secreto bancario, la apertura de teléfonos celulares y distintas autorizaciones judiciales vinculadas con la causa.

“Usted autorizó los allanamientos, el levantamiento del secreto bancario, la apertura del teléfono y las prórrogas en distintas audiencias. Toda la investigación ha tramitado aquí”, expresó el fiscal dirigiéndose al juez Dvorzak.

La Fiscalía también destacó que la denuncia original incluyó información sobre más de 1.800 licencias médicas justificadas por una misma profesional durante un período de aproximadamente cuatro meses. Los casos involucrarían a agentes de distintas localidades, entre ellas Guardia Mitre, Las Grutas, San Antonio Oeste, Viedma y El Bolsón. Para Peralta, esta dispersión territorial refuerza la conveniencia de mantener la causa en la Primera Circunscripción.

Las defensas cuestionan la jurisdicción

Las defensas, en tanto, sostienen que la investigación debería tramitar en General Roca, al considerar que la mayoría de los hechos y de las personas involucradas estarían vinculados con localidades correspondientes a la Segunda Circunscripción Judicial.

El planteo fue presentado como una cuestión de incompetencia territorial y como una medida necesaria para garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa. La Fiscalía rechazó ese argumento y sostuvo que los defensores no explicaron de qué manera la continuidad del expediente en Viedma impediría ejercer plenamente sus derechos.

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Peralta recordó además que la formulación de cargos fue solicitada el 22 de diciembre del año pasado y aún no pudo concretarse. En ese contexto, advirtió que un cambio de jurisdicción podría generar nuevas demoras.

“No hay ningún beneficio y no lo explica porque no lo tiene justamente”, afirmó el fiscal al cuestionar el pedido de traslado. La causa continuará en debate durante las próximas audiencias, hasta que el juez Dvorzak quede en condiciones de resolver cuál será la jurisdicción definitiva.

La causa

La Justicia investiga a alrededor de 120 efectivos policiales por la presentación de presuntos certificados apócrifos. La denuncia original fue impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck a través de la Fiscalía de Estado con el objetivo de defender los recursos de la Provincia y priorizar los intereses de los rionegrinos.

Se detectaron circuitos de certificados apócrifos y profesionales que otorgaban licencias de manera indiscriminada, llegando a registrarse casos de 2.000 días otorgados por un solo médico, lo que derivó en denuncias penales y sumarios administrativos. Esta situación representa un perjuicio económico millonario para el Estado, y afecta directamente a toda la ciudadanía.

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