Megacausa de certificados truchos: surgió una disputa judicial para definir los avances en la Justicia de Río Negro

La investigación que involucra a más de 120 policías y algunos docentes de Río Negro sumó este miércoles un nuevo capítulo en los tribunales de Viedma. Durante la audiencia, las defensas plantearon que los hechos investigados ocurrieron principalmente en el Alto Valle y reclamaron que el expediente sea tramitado allí. La Fiscalía y la querella rechazaron el planteo y sostuvieron que el perjuicio económico se produjo en la capital provincial.

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Si bien en un principio se preveía que haya formulaciones de cargos, el propósito de las audiencias viró a la cuestión de pedidos de excepciones procesales, para luego pasar a imputaciones formales. Se dispuso que las sucesivas audiencias, que se extenderán hasta el 9 de octubre, sean con este mismo fin.

Dada la cantidad de acusados, habrá nueve audiencias con alrededor de una veintena de acusados por turno. Hoy les tocó el turno a los representados por la abogada oficial María Paz Álvarez, el letrado roquense Diego Broggini (quien también es asesor legal del gremio Unter) y el roquense Nicolás Suárez Colman. Por el lado de la acusación estuvieron el fiscal Juan Pedro Peralta (junto con Francisco Marano) y Federico Rosbaco como representante del gobierno provincial.

En todos los casos, se endilgó como "partícipes necesarios" a tres médicos, a Claudia Alejandra Elisandro, Darío Cortez y Aldo Daniel Páez, por lo que fueron citados para estar presentes en cada una de las audiencias, además de los oficiales y maestros que serán imputados por "defraudación a la administración pública por uso de certificados falsos". Esto se debe a que los facultativos serían los que entregaron los mencionados certificados.

El planteo de los defensores buscó que la investigación deje de tramitarse en la Primera Circunscripción Judicial y que sea remitida a las circunscripciones correspondientes al Alto Valle, principalmente General Roca (segunda circunscripción) y Cipolletti (cuarta), localidades donde dijeron que se habrían desarrollado buena parte de las conductas investigadas.

Todos los policías notificados hoy siguieron la audiencia vía Zoom. Así seguirán las próximas audiencias, ya que reúnen grupos de entre 20 y 25 acusados y, por la magnitud del expediente, también participan numerosos defensores.

La defensa: "La totalidad de la conducta sucede en el Alto Valle"

Uno de los argumentos centrales de la defensa fue que tanto la confección como la presentación de los certificados y las consecuencias inmediatas de esas acciones tuvieron lugar en distintas localidades del Alto Valle.

Durante la audiencia, la defensa sostuvo que el escrito de formulación de cargos describe, para cada imputado, una conducta consistente en haber presentado un certificado médico ante la repartición donde prestaba servicios para justificar inasistencias y cobrar el salario completo.

Según la hipótesis fiscal citada por los defensores, los certificados se confeccionaban y retiraban de un domicilio ubicado en General Roca. A partir de allí, señalaron, se habría desarrollado buena parte de la maniobra investigada.

Desde esa perspectiva, Álvarez sostuvo que la totalidad de la maniobra se habría desarrollado en el Alto Valle: allí estarían los imputados, las reparticiones donde se presentaron los certificados, los jefes que los recibieron, los testigos, el consultorio que fue allanado y buena parte de la prueba incorporada a la investigación.

Otro de los puntos fuertes del planteo estuvo relacionado con las garantías constitucionales.

El argumento se apoyó en la distancia: muchos de los imputados viven y trabajan a más de 500 kilómetros de Viedma.  "Es un trastorno conectar a 120 personas por Zoom", remarcó Álvarez, al señalar que incluso durante la audiencia habían existido dificultades para conectar a un grupo mucho menor.

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La defensa también planteó que los imputados deberían poder contar con sus defensores naturales de las circunscripciones correspondientes y que el vínculo entre abogados y asistidos se vuelve más complejo cuando debe desarrollarse exclusivamente de manera virtual.

Por su parte, Suárez Colman indicó: "Hay un capricho del Ministerio Público Fiscal de sostener esta primera circunscripción y llevamos meses sin saber de qué se los acusa a nuestros representados, esto tiene que ser dilucidado por su señoría y declarar la incompetencia".

A su turno, el letrado Broggini politizó la cuestión: "Esta causa es un montaje armado para evitar que se presenten certificados médicos en el Estado y hay ascensos suspendidos por la tramitación de esta causa".

Fiscalía: "El perjuicio se produjo en Viedma"

El Ministerio Público Fiscal rechazó el pedido y defendió la continuidad de la investigación en Viedma. La principal diferencia planteada durante la audiencia estuvo en cómo interpretar la maniobra investigada. Mientras la defensa puso el acento en el uso de los certificados falsos, la Fiscalía sostuvo que ese hecho sería solamente una parte de una maniobra más amplia, cuyo objetivo final habría sido defraudar al Estado.

Peralta remarcó: "El uso del certificado médico falso no es el delito principal”, al explicar que los documentos habrían sido utilizados como un paso dentro de una presunta estafa contra la Administración Pública. Según el fiscal, los certificados eran presentados en distintas reparticiones, pero su finalidad era generar un perjuicio en la liquidación de los salarios de los agentes públicos. Esa liquidación, sostuvo, se encontraba vinculada a la administración provincial con sede en Viedma.

Por ese motivo, la acusación consideró que los efectos del supuesto delito se produjeron en la capital provincial. La Fiscalía también invocó el criterio de la Corte Suprema según el cual, en casos de defraudación, deben ponderarse tanto el lugar donde se desarrolla el ardid como aquel donde se verifica la disposición patrimonial, teniendo en cuenta además razones de economía procesal.

En ese punto, advirtió que trasladar ahora la investigación al Alto Valle implicaría comenzar a reorganizar un expediente que lleva más de dos años de trámite y que ya cuenta con numerosos defensores, fiscales y organismos que intervinieron en la investigación. En definitiva, sería comenzar de cero otra vez.

"Remitir la investigación en el estado en que se encuentra a nuevos organismos, nuevos defensores y nuevas fiscalías causaría un retardo procesal", sostuvo Peralta.

La acusación sostuvo además que una parte importante de la prueba ya fue procesada en Viedma. Mencionó el trabajo de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (Oitel), el Departamento de Informática Forense y los contadores de la Fiscalía, además de información aportada por organismos como el Servicio Penitenciario y de la Policía Provincial, todos con asiento en Viedma.

La querella acompañó el rechazo

La querella también pidió rechazar la excepción planteada por la defensa y coincidió con la Fiscalía en que la causa debe continuar en Viedma. El argumento central fue que el supuesto perjuicio económico afectó a la Administración Pública Provincial y que la sede administrativa de la provincia está en la capital rionegrina.

Rosbaco sostuvo que los certificados médicos no constituirían el objetivo final de la maniobra, sino un instrumento utilizado para generar el perjuicio económico investigado. En ese sentido, también citó antecedentes de la Corte Suprema y del Superior Tribunal de Justicia vinculados con la determinación de la competencia territorial en investigaciones por defraudaciones.

El juez Adrián Dvorzak dio por formulados todos los pedidos de excepciones procesales y se guardó su veredicto para el final de la maratón de audiencias que siguen, previstas para esta semana y para la primera parte de octubre. Recién que se resuelvan estas solicitudes, se podrá continuar hacia la formulación de cargos.

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