Eventos masivos: buscan cambiar las reglas para recitales, fiestas y actividades en playas

Organizar un recital, una fiesta o una actividad multitudinaria podría tener nuevas exigencias en el ejido de San Antonio Oeste. Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante propone establecer un marco preventivo, técnico y operativo para los eventos masivos y aquellos que, aun con menos público, sean considerados de “riesgo especial”. Se trata de una ordenanza para poner regulación a un "gris" dentro del panorama actual, donde hubo cuestionamientos por fiestas masivas en paradores. 

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La propuesta alcanza al balneario Las Grutas, San Antonio Oeste y Puerto San Antonio Este y busca unificar los trámites, determinar distintos niveles de riesgo y dejar en claro qué responsabilidades corresponden a los organizadores, al Municipio y a los organismos de respuesta.

La iniciativa parte de una situación concreta: hay actividades que, por la cantidad de personas, el lugar donde se realizan, las estructuras utilizadas o las condiciones climáticas, requieren una planificación especial antes de abrir sus puertas al público.

Desde 300 personas y con una categoría especial

El proyecto considera como eventos masivos a los espectáculos públicos, deportivos, culturales, musicales, sociales o recreativos que prevean una concurrencia simultánea de 300 personas o más.

Pero el número de asistentes no será el único factor determinante. La iniciativa incorpora la figura de “Evento de Riesgo Especial”, que podría aplicarse incluso a actividades con una concurrencia menor cuando existan características que incrementen el peligro.

Entre ellas aparecen el montaje de escenarios y estructuras complejas, instalaciones eléctricas provisorias de gran porte, utilización de luces, drones o efectos especiales, expendio de bebidas alcohólicas, actividades nocturnas y eventos en playas o frentes costeros.

También se contemplan las dificultades de accesibilidad y las particularidades del lugar donde se desarrolle la actividad.

Cuatro niveles para medir el riesgo

El proyecto propone una matriz de evaluación que permitirá clasificar los eventos en cuatro niveles, teniendo en cuenta variables como la cantidad de asistentes, el tipo de público, el horario, la complejidad de las estructuras, la ubicación y la distancia respecto de los centros sanitarios.

El Nivel I estará destinado a eventos de bajo riesgo y estructuras básicas. El Nivel II contemplará actividades de riesgo moderado, entre ellas aquellas que superen las 300 personas en espacios cerrados habilitados o espacios abiertos sencillos.

El Nivel III abarcará eventos de riesgo alto, como recitales multitudinarios o espectáculos con estructuras complejas.

El Nivel IV, en tanto, estará reservado para situaciones de riesgo especial o extraordinario. Allí podrían quedar incluidos eventos condicionados por su ubicación costera, una distancia importante respecto de los servicios de asistencia o condiciones climáticas y estacionales particulares, como viento, mareas o una elevada afluencia turística.

Un solo plan para organizar la seguridad

Uno de los principales cambios que plantea la iniciativa es la creación del Plan Integral de Seguridad y Gestión de Emergencias del Evento (PISGEE), que reemplazaría al actual Plan de Contingencias.

El objetivo es concentrar en un único documento toda la información operativa vinculada con la seguridad del evento.

El plan deberá ser confeccionado y firmado, con carácter de declaración jurada, por un profesional de Higiene y Seguridad en el Trabajo con matrícula vigente en Río Negro.

Para los eventos de niveles III y IV, además, se deberán incorporar subplanes específicos sobre prevención y protección contra incendios y evacuación; organización sanitaria y emergencias médicas; tránsito, estacionamiento y accesos peatonales; y comando y coordinación de incidentes.

También deberá existir un Responsable Operativo del Evento, identificado con nombre, DNI y datos de contacto, que será quien centralice la comunicación con las autoridades públicas.

Un capítulo especial para Las Grutas y Puerto del Este

La propuesta pone especial atención en las actividades que se desarrollen en zonas costeras. Los eventos en playas, frentes costeros, espacios abiertos de difícil acceso, Puerto San Antonio Este y las playas de Las Grutas deberán contar con una Evaluación Territorial del Riesgo.

El análisis deberá considerar cuestiones como el ingreso de ambulancias y unidades de emergencia, los tiempos de respuesta sanitaria y las vías alternativas de evacuación.

Además, los eventos al aire libre tendrán que contar con un protocolo para situaciones meteorológicas adversas. Allí deberán quedar establecidos los parámetros de alerta, por ejemplo, ante determinada velocidad del viento, lluvias o descargas eléctricas; quién puede disponer la suspensión; cómo se informará al público y qué procedimiento se aplicará para una eventual evacuación.

Bomberos, Policía y hospitales tendrán un rol definido

El proyecto también propone modificar la manera en que intervienen los organismos de emergencia.

En lugar de un esquema basado en firmas cruzadas como requisito para autorizar una actividad, cada organismo emitiría informes técnicos o certificaciones dentro de sus respectivas competencias.

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Los Bomberos Voluntarios deberán elaborar informes preventivos vinculados con seguridad contra incendios y evacuación.

Los hospitales Zonal Dr. Aníbal Serra y de Área Las Grutas deberán informar sobre la capacidad de respuesta sanitaria y la cobertura médica prevista para cada evento.

En tanto, la Policía de Río Negro emitirá una constancia sobre los servicios adicionales o el esquema de seguridad pública requerido, trámite que sería gestionado por la Jefatura de Zona II.

La autorización definitiva quedaría en manos de la Municipalidad de San Antonio Oeste, a través de la Autoridad de Aplicación.

Los gastos extraordinarios los pagará el organizador

Otro de los puntos que puede generar cambios importantes para quienes organizan eventos es el referido a los costos. El proyecto establece que los gastos extraordinarios derivados de eventos privados deberán ser afrontados por los organizadores.

La medida contempla adicionales policiales, dotaciones de Bomberos contratadas preventivamente, servicios médicos, ambulancias privadas y operativos especiales de tránsito que impliquen cortes prolongados.

El texto establece que esos recursos no podrán ser imputados al erario municipal. Por el mismo sentido, los organizadores deberán presentar un seguro de responsabilidad civil frente a terceros y asistentes, junto con seguros de accidentes personales para el personal técnico, de montaje, operativo y de seguridad.

El Municipio podría suspender un evento por riesgo

La iniciativa también contempla mecanismos de intervención directa ante situaciones consideradas peligrosas. La Subsecretaría de Comercio y el área municipal de Protección Civil podrían disponer la suspensión inmediata del montaje, el cese de actividades o la clausura preventiva cuando se detecte un riesgo grave e inminente para las personas, el ambiente o los bienes.

Las actuaciones deberán ser remitidas de inmediato al Juzgado Municipal de Faltas. Entre las conductas consideradas faltas graves de seguridad aparecen realizar eventos sin autorización, superar el factor de ocupación permitido, obstruir salidas de emergencia, falsear declaraciones juradas, no contar con los seguros obligatorios o carecer del plan sanitario correspondiente.

Las sanciones podrían incluir multas acumulativas, clausuras e inhabilitación del organizador para realizar actividades por períodos de hasta cinco años.

Protección Civil quedaría como coordinadora

El proyecto le asigna además un papel central a Protección Civil en la gestión integral del riesgo. Entre sus funciones estarán evaluar preliminarmente el nivel de riesgo, controlar la compatibilidad del PISGEE con el lugar elegido, coordinar operativos preventivos con Policía, Bomberos, Salud y otras áreas municipales y monitorear las alertas meteorológicas.

La Secretaría de Gobierno sería la Autoridad de Aplicación y tendría bajo su órbita el Registro de Eventos, el control de los requisitos administrativos y la emisión de la Autorización Especial de Seguridad.

La propuesta también busca evitar trámites repetidos: la documentación que ya se encuentre vigente en registros municipales no deberá volver a presentarse, siempre que pueda ser identificada mediante el número de expediente correspondiente.

Si la ordenanza finalmente es aprobada, el Poder Ejecutivo Municipal tendrá 90 días corridos desde su promulgación para reglamentar los aspectos instrumentales y establecer la matriz cuantitativa que permitirá determinar el nivel de riesgo de cada evento.

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