Apelaron ante la Corte Suprema los instructores condenados por la muerte de Mandagaray

A mediados de agosto, el Superior Tribunal de Justicia finalmente ratificó las condenas contra tres instructores por la muerte del policía Gabriel Mandagaray (25), ocurrida el 15 de abril de 2021 en un curso del Cuerpo de Operaciones Especiales y de Rescate (COER), en Bahía Creek. Tuvieron que pasar tres tribunales de Impugnación para que se llegue a esta decisión.

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Días después, el fiscal Guillermo Ortiz solicitó la prisión preventiva en la cárcel para los tres instructores condenados, Alejandro Gattoni, Alfredo Nahuelcheo y Maximiliano Vitali Méndez, pero los magistrados Carlos Reussi, Ignacio Gandolfi y Marcelo Álvarez les otorgó una tobillera electrónica hasta que la sentencia quede firme.

En días recientes, los defensores apelaron las condenas ante la Corte Suprema de la Nación, el último recurso disponible para evitar un complejo penitenciario. Cabe recordar que al supervisor del COER, Alejandro Gattoni, recibió una pena de cuatro años y diez meses de prisión e inhabilitación especial para el desempeño de funciones policiales por doble tiempo, y a Alfredo Nahuelcheo y a Maximiliano Vitali Méndez los condenaron a 4 años y 6 meses y 4 años y 3 meses de prisión, sumado al doble de tiempo para ejercer funciones policiales.

Desde una de las defensas, del instructor Nahuelcheo, señalaron a NoticiasNet que había varios motivos para rechazar la sentencia en la Corte Suprema. Luciano Perdriel, letrado junto con Manuel Maza, dijo a este medio: “Nos agraviamos principalmente por la cantidad de la pena escogida que se ratificó (4 años y medio en el caso de su cliente). Se indicó al Tribunal de Impugnación que tenía que evaluar esta circunstancia y no la evaluó conforme a las reglas de la sana crítica”.

A su entender, la muerte de Mandagaray ocurrió por una orden estricta de otros los instructores y Nahuelcheo se encontraba bastante lejos del lugar donde se ahogó el joven agente. Al respecto, Perdriel expuso: “Seguimos sosteniendo que Nahuelcheo no hizo un aporte que incrementara el riesgo y fuera determinante en el resultado de la muerte de Mandagaray. No estaba participando básicamente del ejercicio en el cual Gabriel Mandagaray lamentablemente perdió su vida”.

Asimismo, agregó: “El Tribunal de Impugnación, además, incluyó nuevos hechos en la acusación que no habían sido contemplados por el tribunal de juicio, lo cual es absolutamente violatorio del derecho de defensa y se opone a garantías constitucionales sustanciales”.

Los otros dos defensores no dieron detalles de sus argumentos a la prensa, pero se presume que seguirán los argumentos exhibidos durante el juicio. En el caso de Gattoni, la teoría del caso fue que era supervisor general del curso, pero para cuestiones logística y de recursos materiales, no sobre las acciones en el campo. En mayo de 2023, en pleno juicio, Gattoni aclaró: “En el mar nunca se planificó nada. Si uno mira el plan de estudio, no hay agua. No hay ninguna actividad relacionada con el agua. Lo que sí, y quiero aclarar, porque me lo van a preguntar, y es por qué se pidieron elementos de agua. Esto tiene que ver con que, si había oportunidad de conseguir la pileta que nosotros siempre hacemos las prácticas de natación como parte de la actividad física, se iba a agregar, por fuera del plan”. 

En el caso de Maximiliano Vitali Méndez, quien fue el encargado de mandar a los agentes al mar, su defensa es que cumplió órdenes de policías de mayor jerarquía.

En la actualidad, Nahuelcheo es el único que sigue viviendo en Viedma y tiene una pollería junto a su hermano. Gattoni se mudó a General Roca, donde trabaja como seguridad privada, mientras que Vitali Méndez realiza viajes con la aplicación Uber en San Carlos de Bariloche. Según las denuncias públicas de la familia de Gabriel Mandagaray, los policías condenados han seguido cobrando sus sueldos de la Policía de Río Negro mientras avanzaban los procesos judiciales. Esto se debe a que en la administración pública y en las fuerzas de seguridad, la baja definitiva o cesantía requiere una sentencia judicial de última instancia absolutamente firme.

Una causa que llegó hasta la última instancia provincial

La muerte de Mandagaray ocurrió el 15 de abril de 2021, durante un curso de capacitación del COER en Bahía Creek. El joven policía tenía 25 años y murió ahogado durante una actividad de ingreso al mar.

A lo largo del proceso, la Justicia rionegrina consideró acreditada la responsabilidad penal de los instructores por abuso de autoridad y homicidio culposo. Los tribunales también analizaron las condiciones en las que se desarrolló el entrenamiento, entre ellas el cambio de lugar, el desgaste físico y distintas prácticas que fueron consideradas abusivas.

En abril de 2026, un nuevo Tribunal de Impugnación ratificó las condenas contra Gattoni, Nahuelcheo y Vitali Méndez, mientras que la situación de Marcelo Contreras había recibido un tratamiento diferente en las distintas instancias.

Finalmente, en agosto, el Superior Tribunal de Justicia rechazó los planteos de las defensas y dejó firme el recorrido de la causa dentro de Río Negro.

Ahora, el expediente vuelve a cambiar de escenario. Las defensas buscan que la Corte Suprema revise los cuestionamientos constitucionales planteados, especialmente aquellos vinculados con la pena, la participación que se le atribuyó a los instructores y la incorporación de hechos durante la etapa de impugnación.

La presentación abre así la última puerta judicial disponible para intentar modificar el rumbo de una causa que lleva más de cinco años y que todavía mantiene en disputa uno de sus puntos centrales: cuál fue exactamente el aporte individual de cada instructor en el desenlace que terminó con la muerte de Gabriel Mandagaray.