La Justicia reactiva la investigación patrimonial contra Manuel Adorni tras la feria judicial

En el regreso a las actividades de los tribunales federales de Comodoro Py después de la pausa de invierno, ha cobrado fuerza una de las investigaciones más significativas en curso en la Justicia Federal: el escrutinio del patrimonio del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este caso está siendo liderado por el fiscal Gerardo Pollicita, quien revisó un informe crucial elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI). Dicho informe señala posibles inconsistencias entre lo declarado por Adorni y Bettina Angeletti, su esposa.

Esta semana, el fiscal ha avanzado en la preparación de un requerimiento de justificación patrimonial, destinado a ser presentado ante el juez federal Ariel Lijo. La finalidad de este requerimiento es obtener explicaciones de Adorni sobre las discrepancias detectadas en su historial financiero. De no quedar aclaradas estas diferencias, el paso siguiente podría ser una citación a declaración indagatoria, un paso preliminar para definir su estatus procesal.

Un aspecto crucial del informe es una inversión en Bitcoin que Adorni alega haber realizado en 2014, la cual supuestamente habría generado un beneficio cercano a los 500,000 dólares. La investigación busca clarificar la procedencia de los fondos involucrados, en particular si tienen relación con 'la venta de activos' registrada en su última declaración de bienes correspondiente a 2025.

Adicionalmente, la causa ha acogido nuevas acusaciones sobre posible falsedad ideológica impulsadas por la Coalición Cívica y otras organizaciones civiles. Estas denuncias subrayan un presunto encubrimiento patrimonial por parte de Adorni, lo cual habría dificultado la supervisión de sus bienes y sus obligaciones fiscales.

Los distintos expedientes que se iniciaron en diversos juzgados fueron consolidados en uno solo junto con la causa principal tramitada por el juez Lijo y el fiscal Pollicita. Esta decisión consideró que todos los casos investigados compartían un mismo objetivo y era esencial unificar los expedientes. Con esta alineación, la Justicia está en una mejor posición para revisar más rápidamente las sospechas de enriquecimiento ilícito junto con las probables infracciones en las declaraciones patrimoniales del ex funcionario.