Acusan a miembros de una clínica por estafar al Ipross con pacientes "fantasma"

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra las autoridades y parte del equipo profesional del Establecimiento de Salud Mental Valle Sereno - San Cirano S.A. de General Roca, acusados de orquestar una millonaria estafa en perjuicio del Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross).

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Según la investigación, los implicados llevaron a cabo 21 hechos de defraudación entre noviembre de 2021 y julio de 2023. La mecánica del engaño consistía en simular la atención de pacientes mediante la falsificación sistemática de historias clínicas y planillas de asistencia en el establecimiento ya cerrado.

De esta manera, incluían de manera ficticia a los afiliados en la modalidad "Hospital de Día", un servicio que el Ipross pagaba con montos superiores por tratarse de un módulo diferenciado y específico, pero que en la práctica nunca era brindado a las personas.

La acusación fiscal apunta directamente a una asociación ilícita dentro de la institución. En la maniobra habrían operado en connivencia la presidenta del establecimiento y su socio —quienes deben responder como coautores de la estafa— junto a un médico clínico y psiquiatra, una licenciada en psicología y una acompañante terapéutica.

Estos tres últimos figuran como partícipes necesarios, ya que eran los encargados de completar, firmar y remitir la documentación trucha a la administración para que luego fuera facturada y enviada al Departamento de Rendiciones del Ipross.

El juez de Garantías avaló la imputación de cuatro de estas personas, mientras que en los próximos días se formularán los cargos correspondientes contra un quinto integrante del esquema. La calificación legal fijada es la de "estafas reiteradas agravadas por haber sido cometidas en perjuicio de la administración pública en 21 hechos, en concurso real".

El andamiaje probatorio presentado por la fiscalía resulta contundente y se originó tras una denuncia penal radicada por las propias autoridades del Ipross en mayo de este año. La acusación cuenta con auditorías administrativas internas, órdenes de pago bancarias, un profundo informe técnico contable elaborado por la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal y registros cruzados con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Ante la contundencia de los elementos expuestos, tanto la defensa pública que asiste a los profesionales como el abogado particular de los directivos del establecimiento decidieron no presentar objeciones a la imputación. Con esta resolución, la Justicia habilitó la apertura formal de la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.

Durante la audiencia, la Fiscalía fue detallando distintos expedientes de facturación incorporados a la causa. En los primeros hechos descriptos aparecieron montos que, según la acusación, fueron abonados por Ipross en distintos períodos. Entre ellos se mencionaron pagos de $488.167, $504.440, $478.211, $604.474, $628.538 y $662.559, cifras que surgen de los expedientes analizados durante la investigación.

Quiénes son los cuatro imputados en la causa

Los imputados, ante el juez de Garantías de Roca, Gustavo Quelin, son Silvia Mafalda Sirotih, quien fue presidenta de la institución durante el período investigado, Luis Ernesto Valsangiacomo, médico psiquiatra y socio de la primera mencionada, el médico clínico y psiquiatra Mylton Luis Mercado; y la licenciada en Psicología María del Rosario Noemí Galván.

De acuerdo con la acusación fiscal, a cargo de Teresa Giuffrida, Sirotich y Valsangiacomo deben responder como coautores, mientras que Mercado y Galván fueron imputados como partícipes necesarios.

Cómo se descubrió la maniobra

Uno de los aspectos más relevantes que surgió durante la audiencia ala que accedió este portal, fue el recorrido que tuvo la investigación antes de llegar a la formulación de cargos. La Fiscalía explicó que el punto de partida fue una auditoría en terreno realizada por personal del Ipross el 6 de septiembre de 2023 en Valle Sereno-San Cirano. A partir de esa intervención, la obra social inició una investigación administrativa interna para revisar documentación y prestaciones vinculadas al convenio que mantenía con el establecimiento.

Según se expuso en la audiencia, los auditores detectaron irregularidades y avanzaron con entrevistas, análisis de documentación y revisión de prestaciones facturadas a la obra social. Ese trabajo derivó en una denuncia penal presentada el 31 de mayo de 2024 por Marcela Ávila, presidenta del Ipross en ese momento.

La investigación continuó con la incorporación de informes técnicos, documentación administrativa, registros bancarios, entrevistas y una pericia técnico-contable que hoy constituye una de las principales pruebas mencionadas por la acusación.