Chocó un auto oficial en estado de ebriedad y el Estado de Río Negro inició un reclamo judicial

Una causa de afectación del patrimonio de la provincia de Río Negro acaba de resolver el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 13 de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en Viedma.

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Se trata de un accidente -investigado inicialmente por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA)- registrado a las seis de la mañana del 27 de septiembre de 2022 en el que un vehículo oficial con asiento en un organismo de Viedma, chocó contra un colectivo del transporte urbano de San Carlos de Bariloche, a la altura del kilómetro 10 de la avenida Bustillo de esa ciudad.

De las constancias obrantes, surgen que el chofer en comisión de servicios iniciada en Viedma pedida en la Legislatura provincial, se encontró con un lomo de burro, intentó frenar y "volanteó" desviándose sobre el carril opuesto, golpeando con el lateral trasero del lado izquierdo a un micro de línea que circulaba por la mano contraria.

Luego se comprobó que el conductor circulaba con 1,26 grados de alcoholemia positiva, la aseguradora no respondió por aplicación de la cláusula prevista (los resultados del test), el auto Toyota Corolla quedó destruido, se le inició juicio de responsabilidad -al cual nunca se presentó- y fue dada de baja de la repartición.

No obstante, la FIA y el Tribunal de Cuentas (TC) siguieron adelante con el proceso, y a través de la Fiscalía de Estado se presentaron ante la justicia para lograr un resarcimiento con motivo de haber sido encontrado como autor responsable del cuidado patrimonial del bien.

El año pasado se presenta la Provincia de Río Negro, por medio de apoderado, interponiendo una demanda de siete millones en ese momento, luego la ejecución fiscal trepó a más de 15 millones de pesos, y en consecuencia, el juez Julián Fernández Eguía del mencionado fuero, dispuso recientemente que se le traben embargos judiciales de la cuenta-sueldo de un trabajo privado hasta cubrir la suma de casi 26 millones, a la vez que se ordenó la inhibición general de bienes.