Certificados médicos truchos: ¿cambia de escenario la investigación?

Se realizó este lunes en Viedma una nueva audiencia en la que se debatió qué foro de jueces debe intervenir en la investigación iniciada contra más de un centenar de agentes públicos acusados de haber presentado certificados médicos falsos para justificar inasistencias laborales.

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En este caso fueron más de diez los implicados, a los que se suma la médica que confeccionaba los documentos y su marido, acusados de ser partícipes necesarios.

En las ocho audiencias anteriores, tanto la defensa pública como los abogados particulares coincidieron en sostener que la gestión de estos legajos debe sustanciarse en el Alto Valle. La acusación, integrada también por la Fiscalía de Estado como querellante, rechazó la petición y sostuvo el proceso debe avanzar en los tribunales de Viedma.

En esta oportunidad fue el defensor penal Pedro Vega quien, en coincidencia con la totalidad de las defensas, entre ellas las ejercidas por María Paz Álvarez y Graciela Carriqueo, se opuso a la competencia del Foro de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial para intervenir en esta causa. Cuestionó la falta de especificidad respecto del lugar donde se habría producido cada una de las conductas investigadas sosteniendo que ninguna ocurrió en Viedma ni en las restantes localidades que integran la Primera Circunscripción Judicial.

“El delito de uso de documento falso se consuma cuando el certificado es presentado ante la repartición pública que se integra para justificar una inasistencia laboral. En cuanto a la defraudación al Estado, se configura en el lugar donde efectivamente se produce la disposición patrimonial. Ninguna de estas circunstancias ocurrió aquí, ya que los certificados fueron presentados en las dependencias donde las personas involucradas cumplían funciones”, aseveró.

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Agregó que “las medidas de investigación, incluidos allanamientos, secuestros de elementos y recolección de evidencia, se desarrollaron en las ciudades de Cipolletti y General Roca”. También señaló que tanto las personas imputadas como quienes podrían declarar en calidad de testigos pertenecen a esas jurisdicciones. 

Además rechazó que la sede administrativa provincial constituya un fundamento suficiente para establecer la competencia en Viedma. “Tal criterio implicaría que todas las investigaciones por delitos contra el Estado provincial debieran tramitar en la capital, independientemente del lugar donde se hubieran cometido los hechos”, consideró.

Entre los diversos fundamentos desarrollados durante más de una hora, el defensor público argumentó que las reglas del Código Procesal Penal no facultan a la acusación a elegir el tribunal interviniente, sino que buscan limitar el poder punitivo estatal y garantizar tanto los derechos de defensa de las personas imputadas como los de las víctimas.

“Mantener la causa en Viedma podría afectar las garantías constitucionales del juez natural, la igualdad y la defensa en juicio”, expresó y, al referirse a este último punto, ejemplificó que un eventual juicio podría requerir el traslado de aproximadamente 120 personas a la capital provincial. En este caso asistieron a la audiencia 13 imputados, entre ellos la médica y su marido imputados en todos los legajos como partícipes necesarios.

A su turno, la Fiscalía, representada por Francisco Marano, reiteró los argumentos brindados anteriormente, todas de similares características. Solicitó que se rechace el planteo de las defensas relacionado con la incompetencia territorial y sostuvo que, aunque los hechos investigados se desarrollaron en distintas localidades de Río Negro, es en la capital provincial donde se encuentra la sede administrativa del Estado, cuyas arcas habrían resultado afectadas.

Sostuvo que, para determinar la competencia, debe considerarse el lugar donde se habría desplegado el ardid y donde se produjo la disposición patrimonial. También aclaró que se investigan múltiples hechos perpetrados por personas que viven en diferentes lugares o que incluso han sido trasladadas. Por ello, consideró que la residencia actual carece de trascendencia para determinar la competencia territorial.

Asimismo, afirmó que las dificultades técnicas señaladas por la defensa se encuentran subsanadas y rechazó que las cuestiones de acceso a la tecnología impidan la continuidad de la investigación en Viedma. La querella adhirió a  tales argumentos y solicitó también que se rechace el planteo defensivo.

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La décima audiencia prevista en esta causa con otros 17 imputados se desarrollará el miércoles 21 desde las 8 horas, también de manera híbrida, ya que algunos de sus participantes se encunetran en Viedma y el resto en el alto valle. En este caso será el defensor Camilo Curi quien realice el planteo de excepción procesal.