La Corte no aceptó el per saltum solicitado por el Gobierno y la causa por la reforma laboral seguirá su curso

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado inadmisible el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional. Este recurso, conocido como salto de instancia o per saltum, había sido planteado por la Procuración del Tesoro con el objetivo de que la máxima autoridad judicial del país interviniera directamente en una controversia constitucional relacionada con la reforma laboral liderada por Javier Milei. El asunto ha levantado múltiples pasiones en el ámbito político y sindical.

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La Comisión General del Trabajo (CGT) había iniciado una causa cuestionando la constitucionalidad de la nueva legislación laboral, lo que llevó al juzgado pertinente a suspender temporalmente 83 artículos del texto legal. Esta decisión motivó al Gobierno a recurrir a la Corte en un intento de anular la medida cautelar y permitir la aplicación completa de la ley 27.802 mientras la situación judicial seguía su curso en el sistema legal. No obstante, el máximo tribunal fijó su postura manifestando que las condiciones necesarias para habilitar la instancia solicitada no estaban cumplidas según el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial.

El fallo, firmado por los integrantes de la Corte el 7 de mayo de 2026, concluyó con la orden de archivar las actuaciones, lo que representa un golpe significativo a la estrategia del Ejecutivo. Argumentando falta de competencia del juez laboral que dictó la medida, el Gobierno también mostró su desacuerdo frente a la capacidad de la CGT para representarse a sí misma como defensora de todos los trabajadores en el marco de este proceso.

La resolución de la Corte ha devuelto el expediente al ámbito del Contencioso Administrativo, satisfaceciendo parcialmente las pretensiones de un sector del Ejecutivo, pero deja en placa la incertidumbre jurídica respecto a una ley considerada de peso crucial para la modernización del ámbito laboral en el país.

El camino de la reforma laboral todavía enfrenta muchas tensiones y resistencias. La calificación del caso como de posible "gravedad institucional" por parte de la Procuración del Tesoro pone de manifiesto las complejidades en juego, implicando problemas más amplios de división de poderes e inseguridad jurídica. Mientras la batalla legal continúa, tanto quienes abogan por cambios en las dinámicas laborales como aquéllos opuestos a dichas modificaciones se preparan para seguir defendiendo sus respectivos intereses en los foros judiciales y en el debate público.