Preocupación en la Mesa de Barrios Populares, por una iniciativa que facilitaría desalojos

El jueves 30 de abril, se realizó el primer encuentro provincial de la Mesa de Barrios Populares de Río Negro, integrada por vecinas, vecinos delegados de distintas localidades y organizaciones sociales y civiles.

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El espacio surge en defensa de la Ley Nacional de Barrios Populares (23.457), ante la preocupación por el proyecto de “Inviolabilidad de la propiedad privada” impulsado por el gobierno nacional, que podría modificar aspectos clave de la normativa vigente.

Durante la jornada se presentó un documento con datos sobre la situación de los barrios populares en la provincia y el impacto de las políticas públicas implementadas en los últimos años.

Según el relevamiento del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), en Río Negro hay actualmente 240 barrios populares, donde viven al menos 36.464 familias en 33.128 viviendas. El diagnóstico expone fuertes desigualdades estructurales: el 71% de la población no tiene acceso formal a electricidad, el 91% al agua, el 99% a cloacas y el 98% a la red de gas.

Desde la Mesa destacaron que las políticas de integración urbana permitieron avances concretos, como 49 obras que alcanzaron a más de 12.000 familias, 3 proyectos de acceso al suelo para 587 familias y 5.819 beneficiarias del programa “Mi Pieza”, aunque remarcaron que los resultados “no son suficientes” y que es necesario que la provincia y los municipios profundicen estas políticas.

La principal preocupación está puesta en el debate que se dará en el Congreso Nacional, ya que el borrador del proyecto oficial incluye modificaciones a la Ley 23.457 que, según señalaron, podrían acelerar los procesos judiciales de desalojo en barrios populares. “Se pondría en riesgo a miles de familias rionegrinas en relación al acceso a derechos fundamentales como el agua, la luz, la cloaca y la vivienda”, expresaron.

Además, cuestionaron el rol del Estado nacional: “Otra vez se corre y traslada la responsabilidad a la provincia y los municipios, sin garantías ni mecanismos claros y concretos”, afirmaron.

En ese marco, adelantaron que durante mayo buscarán reunirse con legisladores nacionales, provinciales y municipales, además de intendentes y funcionarios del Gobierno provincial, para exponer el impacto que podría tener la iniciativa.

El documento ya fue presentado a la diputada nacional Adriana Serquis, y esperan replicar estos encuentros en las próximas semanas.