Llaman a una demanda colectiva contra la reforma de la Ley de Glaciares

Un prolongado debate en la Cámara de Diputados ha culminado con la aprobación de una polémica reforma a la Ley de Glaciares, la cual fue sancionada con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones. Esta modificación, que ahora otorga a las provincias la capacidad de decidir sobre la explotación de zonas glaciares y periglaciares, ha generado indignación en diversos sectores de la sociedad y ha llevado a organizaciones ambientales a convocar a una demanda colectiva.

Lee también: Ley de Glaciares: La Libertad Avanza y aliados impusieron su mayoría y lograron la reforma

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace son algunas de las voces que se alzaron rápidamente contra esta reforma, llamando a la población a emprender acciones legales para frenar lo que consideran un atentado contra el medio ambiente. Según estas organizaciones, la nueva normativa pone en riesgo los recursos hídricos vitales del país y podría tener efectos desastrosos sobre el acceso al agua para millones de argentinos, además de amenazar la biodiversidad que depende del ecosistema glaciar.

"Miles de personas se inscribieron para participar en la audiencia pública y defender la Ley de Glaciares, siendo una contribución ignorada por el Congreso. Sin embargo, si el consenso de la sociedad fue desoído en el ámbito legislativo, las organizaciones confían que será oído en los tribunales," declararon desde las agrupaciones mediante un comunicado oficial. Este incidente marca el inicio de una batalla legal que se espera crucial para el futuro de las reservas naturales del país.

La recientemente votada ley trae consigo varios cambios significativos. Anteriormente, la Ley 26.639 aseguraba una defensa casi absoluta de las zonas glaciares, aspecto que ha sido alterado al definir únicamente como protegidas las áreas con función hídrica comprobada. Esto ha generado críticas de que el marco protector se ha debilitado drásticamente, permitiendo una apertura potencial para actividades productivas como la minería, siempre que se lleve a cabo con evaluaciones de impacto ambiental.

Un aspecto central de la controversia es que las provincias tendrán la potestad de definir cuáles áreas deben permanecer bajo protección. Esto ha desatado preocupaciones en torno a la discrepancia de criterios que puedan surgir, generando una situación donde el Inventario Nacional de Glaciares, que antes tenía un rol primario, quede relegado a una referencia no vinculante.

Los glaciares que, bajo los nuevos análisis, no cumplan función hídrica podrían perder la protección que décadas atrás se aseguró al implementar la legislación original. Con esta situación, el diálogo entre el progreso económico y la conservación ambiental toma un cariz de urgente necesidades hacia la búsqueda de un balance sostenible.

Para adherir, la ciudadanía puede acceder a www.demandacolectivaglaciares.org y ser parte de la demanda colectiva más grande en defensa del agua en la historia.