Un empresario implicado en la causa Techo Digno accedió a una probation: de qué se trata

El empresario Guillermo Luis Gazzia de Construcciones Normalizadas Viedma, implicado en la megacausa de defraudación al Estado en Techo Digno, accedió a una probation luego de una presentación ante la Justicia que data del 18 de septiembre de este año.

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La audiencia de suspensión de juicio a prueba, en la que se encontraban presentes el Fiscal Jefe Juan Pedro Peralta, la fiscal del caso Yanina Estela Passarelli, el defensor particular Santiago Güenumil y De Grazia, fue presidida por el juez de Garantías Juan Martín Brussino Kain.

Teniendo en cuenta que la pena sería condicional, se propuso esta alternativa jurídica que es válida para empresarios, pero no así para funcionarios.

Se tuvo en cuenta también que Grazia no dispone de antecedentes penales y muy posiblemente en caso de que sea condenado, sería condenado a la pena mínima e incluso también le podría valer el método compositivo según la interpretación que se hiciera de la norma.

Y, para dar cumplimiento al requisito de reparación del daño, en la medida de lo posible, se ofreció la realización de una obra en beneficio del municipio de Sierra Grande. La misma consiste en la aislación termina y acústica del techo del Salón de Usos Múltiples de la comuna sierragrandense, ubicado en calle Lonco Valentín Sayhueque.

Esta obra está valuada en una suma aproximada de $35.000.000. Y se detalló que el material a utilizar será el poliuretano expandido inyectado, con un espesor de 25 milímetros (una pulgada), de una superficie aproximada de 600 metros cuadrados, que la misma será controlada y certificada por intermedio de la Secretaría de Obras Públicas del municipio.

Gazia explicó que realizaron una inspección ocular en presencia de las autoridades de la Municipalidad y recorrieron el sector que necesita la mejora. La planta del teatro tiene 311 metros cuadrados, pero el desarrollo del cargamento portante por su característica representa una superficie superior cercana a los 600 metros.

La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, presenció la audiencia y manifestó que prestaba conformidad a la realización de la obra en los términos propuestos, que se trataba una obra muy importante para la ciudad, que resulta de enorme utilidad para los actos escolares y protocolares en general, y que se trataba de un sitio emblemático e histórico.

En razón de lo expuesto, el magistrado Brussino Kain dio conformidad a la propuesta y Gazia fue beneficiado con una probation.

Qué es la causa Techo Digno

El pleito judicial arrancó con una denuncia de la funcionaria Mónica Marchisella en abril de 2017, quien fue instructora sumariante del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, cuando estaba bajo el tutelaje del macrista Rogelio Frigerio.

La presentación de la funcionaria se realizó ante el Juzgado Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en función de un informe de mayo de 2016, del Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda (IPPV), donde se constataron supuestas irregularidades en los avances de las obras en esta provincia.

La mecausa comprende a doce municipios: Bariloche, Cipolletti, San Antonio, Conesa, Cervantes, Godoy, Choele Choel, Río Colorado, Fernández Oro, Cinco Saltos, Campo Grande y Sierra Grande.

En lo que refiere a la zona atlántica, se reformularon cargos al ex intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini (PJ) (representado por el abogado Fernando Mayor), al ex secretario de Gobierno Mauro Tamburrini (con el abogado César Vega), al ex secretario de Obras y Servicios Públicos Ernesto Noel (con el letrado Ángel Curzi), al ex jefe comunal Nelson Iribarren (Cambiemos), a la ex secretaria de Gobierno Claudia Albariño y al ex titular de Obras Miguel Mesa (representados por el abogado Mariano Gestoso).

La fiscal Yanina Estela relató que hubo una licitación de 40 viviendas en la localidad atlántica el 11 de diciembre de 2014, donde se obligó a ejecutar la obra en el plazo de 12 meses. Entre el 23 de abril de 2015 y el 18 de noviembre del mismo año, la Municipalidad de Sierra Grande, a cargo de Renzo Tamburrini, recibió la suma de más de 16 millones 600 mil pesos, que debieron ser destinados exclusivamente a las obras.

Mauro Tamburrini, en su carácter de jefe de Gobierno, ordenó el pago de más de 12 millones 800 mil pesos a la empresa Construcciones Normalizadas Viedma S.A., equivalente a un avance de obra de un 71,03 por ciento, "falsamente certificado del monto total del contrato".

A su vez, la funcionaria judicial remarcó que "Renzo y Mauro Tamburrini suscribieron una resolución reconociendo y autorizando el pago a Construcciones Normalizadas" por el mencionado porcentaje. Pero una auditoria del ingeniero técnico y perito Eric Badén, con mediciones del IPPV, verificó que el avance real de la obra fue de un 42,21 por ciento.

La fiscal Estela Passarelli expuso que "el intendente a sabiendas de que el estado de las viviendas no era aquel indicado, y a fin de generar una ventaja patrimonial a la empresa Construcciones Normalizadas, le pagó en exceso un 28,83 por ciento en relación a la mencionada licitación, aun contemplando las redeterminaciones de precios que no fueron solicitadas, esa diferencia se traduce a un 13,42 por ciento de más".

En este aspecto, tuvo una importante responsabilidad el presidente de la empresa Construcciones Normalizadas, Guillermo Gazia, quien fue beneficiado con la probation.

En concreto, se mencionó que hubo un perjuicio al erario público de unos 5 millones de pesos que en números de hoy equivalen a más de 582 millones de pesos.

Por otro lado, en el caso de Iribarren, que asumió la jefatura comunal en 2015 se investigan otros dos pagos en concepto de obras de infraestructura informando falsamente avance de obra.

“Sin que se hubiesen recibido desembolsos de Nación correspondientes al acuerdo específico, el intendente junto a Albariño ordenó pagos a la empresa Construcciones Normalizadas”, equivalente a un avance de obra del 14,02% atribuidos al ítem “movimiento de suelos” y falsamente certificado por Mesa, por entonces secretario de Obras y Servicios Públicos municipal.

También en este hecho, el relevamiento realizado por referentes de IPPV no coincidía con las certificaciones de avance ni con los pagos efectivamente realizados. Según expuso la fiscal, el intendente sabiendo que el estado de obra no era real y a fin de beneficiar a la empresa, pagó indebidamente una suma superior a más de dos millones 8 mil pesos en febrero de 2016, que actualizados a marzo de 2025 equivalen a más de 212 millones de pesos.

Ambos intendentes, a su turno, firmaron resoluciones internas reconociendo y autorizando los pagos realizados.

La Fiscalía fue precisa en cuanto a la maniobra y a la participación que tuvo cada uno de los imputados y hubo una modificación técnica en la imputación por el nuevo aporte del ingeniero Eric Badén.