Vuelven a funcionar organismos que Javier Milei intentó cerrar por decreto

En un panorama político marcado por la tensión y la controversia, el Congreso de la Nación ha vuelto a encender luces de funcionamiento en organismos que el actual presidente argentino, Javier Milei, intentó clausurar o fusionar a través de decretos presidenciales.

Lee también: Presentan hoy el Congreso Nacional de Suicidología que se realizará en Viedma

El actual gobierno libertario, en su plan por reducir lo que consideran un Estado excesivo, se ha enfrentado a un notable revés legislativo. Esto ocurre luego de que organismos cruciales para la infraestructura del país, la memoria histórica, y la regulación tecnológica, encuentren un respiro y un nuevo impulso para continuar sus funciones.

El regreso a la actividad de organismos como el Instituto Nacional Yrigoyeano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas fue uno de los epicentros de este retroceso ejecutivo. Dichas instituciones, junto al Banco Nacional de Datos Genéticos, vieron recurrir al amparo del Congreso para sobrevivir al tijeretazo que proponían los decretos firmados por todo el gabinete de Milei, según lo publicado en el Boletín Oficial a través de los decretos 627/2025 y 628/2025.

Es importante destacar la restitución del orden en organismos vitales como el Teatro Nacional Cervantes y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que marcan la relevancia simbólica y práctica de centros culturales y de innovación agropecuaria en el territorio nacional.

Estos pasos atrás ocurren en el contexto del cierre de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), además de la reducción en el ámbito vial y de transporte público a través de cambios que planeaban culminar con la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la ANSV y la DNV.

El discurso oficial de la administración Milei había argumentado estas decisiones sobre la base de hacer más eficiente el gasto, limitando la intervención estatal. No obstante, opositores políticos y voces críticas apuntaron a riesgos de concentración de poder y perjuicios en la calidad de servicios básicos a los ciudadanos. Es en este claroscuro que el Senado, en una sesión crucial para el futuro de estas entidades, rechazó finalmente las directrices de Milei señalando una falta de justificación sólida para barrer con estructuras como la Vialidad Nacional.

En el ámbito marítimo y fluvial, las medidas de Javier Milei también recibieron un tremendo contrapeso al tratar de modificar el Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional a través del Decreto 340/2025. Esta normativa, categorizando a la navegación como un servicio esencial y alterando significativamente derechos laborales fundamentales como el de huelga, enfrentó rechazo popular y sindical.