Coimas en ANDIS: los dueños de la droguería Suizo Argentina pidieron cerrar la causa

Los dueños de la reconocida droguería Suizo Argentina han solicitado el cierre de la reciente causa legal en su contra, basándose en el principio de 'cosa juzgada'. Según los acusados, la actual causa es simplemente una repetición de investigaciones anteriores que ya han sido oficialmente archivadas por la Justicia al concluirse que no existía delito.

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La defensa de la familia Kovalivker, liderada por el abogado Martín Magram, ha presentado un escrito ante el juez federal Casanello pidiendo el cierre del caso. Los Kovalivker sostienen que la presunta irregularidad en las contrataciones de la droguería, aunque inicialmente investigada por un contrato monumental con ANDIS que excedía los $24.000 millones, culminó en el archivo de la causa por inexistencia de delito, tras ser así solicitado por el fiscal Carlos Rívolo.

La controversia resurge a través de nuevos audios filtrados donde el ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, presuntamente discute coimas que involucrarían a altos funcionarios, incluyendo nombres resonantes en el ámbito político. Estas alegaciones, según el abogado Martín Magram, carecen de sustancia, ya que las grabaciones fueron obtenidas ilegalmente y solo pretenden avivar un asunto con fines políticos. La defensa ha calificado este procedimiento como una 'verdadera caza de brujas', violatoria del derecho de defensa y del debido proceso.

La denuncia que ha alcanzado tal magnitud se originó gracias al abogado Gregorio Dalbón, respaldada por una serie de audios escandalosos que detallan los presuntos retornos derivados de la compra de medicamentos por parte de la droguería Suizo Argentina. Esta empresa figura como el principal proveedor del organismo estatal involucrado, lo que aumentó la presión mediática y judicial en su contra, facilitando allanamientos y poniendo al descubierto documentos comprometedores que todavía están bajo minucioso escrutinio judicial.

No obstante, los abogados defensores sostienen que todo esto forma parte de una campaña con intencionalidades políticas, argumentando que la realidad es que no existe tal prueba concreta de su implicación en actividades ilícitas. La pelea judicial no parece tener un final cercano, ya que la defensa está decidida a combatir, apelando al fundamental respeto a los derechos procesales de sus clientes.