Enviados de Milei revisan certificados de discapacidad en Viedma

Desde febrero de este año, el Ministerio de Salud de la Nación comenzó a notificar mediante carta documento a los titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL), como parte de un extenso proceso de auditoría nacional que busca asegurar que este beneficio llegue únicamente a quienes cumplen con los criterios legales vigentes.

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En la capital provincial, la medida ha generado dudas entre los beneficiarios, por lo que el móvil de Radio Noticias (105.5) se acercó hasta la sede local ubicada en calle Colón 246, donde actualmente se brinda atención personalizada de 11 a 17 horas para responder consultas y evacuar inquietudes sobre el procedimiento.

La auditoría responde al Decreto 842/2024, que establece nuevas pautas para la revisión de las pensiones. El proceso es progresivo y abarcará más de un millón de casos en todo el país. La primera etapa incluye la citación obligatoria de los beneficiarios a través de carta documento, para presentarse a una evaluación médica a cargo de PAMI y presentar la documentación requerida. Luego, profesionales de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) emitirán los dictámenes que determinarán la continuidad o baja del beneficio.

El incumplimiento de la citación puede derivar en la suspensión automática de la pensión, aunque quienes no puedan asistir por motivos justificados pueden comunicarlo hasta 24 horas antes del turno, escribiendo a [email protected]  o enviando un mensaje vía WhatsApp al chatbot TINA al +54 11 3910-1010, adjuntando la documentación correspondiente y copia del DNI.

Los motivos de las auditorias

El plan de auditorías se puso en marcha tras detectar múltiples irregularidades en el sistema. En 2023, de 22.417 pensiones auditadas, solo el 20% cumplía con los requisitos legales. Además, se detectaron 150 beneficiarios fallecidos, 212 presos cobrando la pensión y hasta 14 prófugos de la justicia percibiendo el beneficio. Según las estimaciones oficiales, el operativo permitirá generar un ahorro fiscal de 900 mil millones de pesos en 2025.

Este trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud, la ANDIS y PAMI apunta a reforzar los controles del sistema de pensiones por invalidez y garantizar el acceso equitativo a los derechos sociales. Se prevé que la revisión del total de pensiones activas finalice en la primera mitad de 2025.