Defensores del Pueblo se quejan por las facturas de gas que están llegando a los hogares

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) encendió las alarmas ante la situación crítica que enfrentan miles de usuarios de Camuzzi Gas del Sur.

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Con aumentos imprevisibles en las tarifas del gas, muchas familias recibieron facturas difíciles de abonar, durante el periodo de mayor consumo. Ante esto, la distribuidora ofreció una alternativa polémica: la posibilidad de financiar el pago de las facturas a través de un préstamo personal con el Banco Macro, lo que ADPRA considera una medida insuficiente y preocupante.

Desde la asociación, sostienen que la propuesta de Camuzzi no solo genera un endeudamiento adicional para los usuarios, sino que además se hace a una tasa del 70% de interés nominal anual, con condiciones que agravan la situación. Los usuarios pueden financiar hasta dos facturas en tres cuotas, pero si no cumplen con los pagos, además de la deuda con el banco, se enfrentan al corte del servicio. Para ADPRA, esta política es desmesurada, ya que no se tomaron recaudos para proteger los intereses de los usuarios más vulnerables.

El Defensor del Pueblo de Viedma, Marín Pérez Morando, detalló que las tarifas han generado "desequilibrios sensibles" en los hogares, y que la única salida que propone la empresa es un préstamo que, lejos de aliviar la carga, profundiza las dificultades económicas. “Estamos ante una situación donde el pago del servicio básico se convierte en un vehículo para endeudarse a tasas que no ayudan a paliar el impacto de los aumentos”, explicó.

ADPRA recordó que en 2018 se aprobó una financiación con tasas más bajas y condiciones más favorables, mediante la Resolución ENARGAS 97/2018. En esa oportunidad, el Banco Nación ofreció una tasa pasiva considerablemente inferior a la que ahora impone el Banco Macro. “Este antecedente muestra que es posible aplicar mecanismos que no perjudiquen a los usuarios. Sin embargo, esta vez no se adoptaron medidas similares en resguardo de sus intereses”, enfatizaron desde la asociación.

Desde ADPRA también señalaron que la propuesta de Camuzzi Gas del Sur genera una clara discriminación entre usuarios según su capacidad económica. No todos tienen acceso a otras fuentes de energía o pueden implementar medidas de eficiencia energética, lo que deja a muchas familias atrapadas en un círculo de endeudamiento para poder cubrir un servicio esencial. “Se obliga a las personas a postergar sus necesidades básicas para pagar facturas que no reflejan su realidad económica”, advirtieron los defensores del pueblo.

Para ADPRA, la situación actual exige la intervención inmediata del Ente Regulador, quien debería haber aprobado previamente este tipo de medidas que impactan de manera directa en la economía de los hogares. “La distribuidora está trasladando el riesgo de cobrabilidad a los bancos, pero sigue teniendo la potestad de cortar el servicio si el usuario incumple. Esto es inaceptable”, remarcaron.

Los defensores concluyeron pidiendo que se priorice la protección de los usuarios frente a estas prácticas, con mecanismos que aseguren el acceso a un servicio público esencial sin comprometer aún más sus finanzas. "Camuzzi debería garantizar la accesibilidad del servicio en lugar de convertirlo en un negocio financiero que agrava la situación de quienes menos tienen", subrayaron.