Un interno del Penal 1 buscó un atajo para una prisión domiciliaria y se la negaron

La jueza de Ejecución Penal N° 8 de esta capital, Shirley González, denegó durante esta jornada la incorporación de un interno del Penal N° 1 al Régimen de Prisión Domiciliaria basándose en que no reúne la totalidad de las previsiones  exigidas por la normativa vigente frente a un supuesto riesgo de integrantes de su familia.

Durante una audiencia concretada hoy, estuvo en juego en el debate el artículo 32 inciso “f” de la Ley nacional N° 24.660 relacionada con la ejecución de la pena privativa de la libertad. Ese punto hace referencia a que un determinado juzgado puede disponer el cumplimiento de la pena en detención domiciliaria tratándose de una madre de un niño menor o de una persona con discapacidad a su cargo.

Sin embargo, para la magistrada el interno no reúne la totalidad de las previsiones  exigidas por la normativa vigente  que habilitan su procedencia, “toda  vez que  no se vislumbra   un estado  actual ni potencial de vulnerabilidad” en virtud de que un menor y la progenitora, “cuentan con una red  de contención  de su confianza (allegados),  y que  colaboran con  las necesidades y cuestiones de la casa”.

La decisión se tomó posteriormente a una audiencia por el sistema de videoconferencia con la presencia de la magistrada, el defensor oficial  Camilo Curi Antun, y en representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal adjunto Francisco Marano.