Se oficializó la nueva Ley de Alquileres: cambios claves para inquilinos y propietarios

El Gobierno nacional tomó una medida trascendental para el mercado inmobiliario al promulgar y oficializar la nueva Ley de Alquileres.

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La normativa, aprobada por el Congreso la semana pasada, busca brindar mayor seguridad y equidad tanto para inquilinos como para propietarios. A través del Decreto 533/2023, publicado en el Boletín Oficial este martes, se confirmó la entrada en vigencia de la ley durante los próximos meses.

Uno de los cambios más importantes establecidos en la ley es la duración de los contratos de alquiler, que se mantendrá en tres años, a diferencia de la propuesta inicial de dos años impulsada por Juntos por el Cambio. Sin embargo, la novedad radica en la forma de actualización de los alquileres, que será semestral en base a un índice denominado Casa Propia.

Este índice, utilizado desde 2021 en la actualización de las cuotas de créditos hipotecarios del Programa Federal Casa Propia y Procrear II, es un promedio entre la variación salarial y la inflación del último año. El objetivo es brindar mayor estabilidad en los ajustes de los alquileres, teniendo en cuenta tanto los salarios como la evolución de los precios.

Tal lo expresado en el sitio informativo de Cipolletti, www.cipo360.com.ar, este debate se da en un momento atravesado por el problema en los alquileres temporarios.

La nueva ley también establece que los contratos de alquiler deberán ser estipulados en moneda nacional y que los ajustes solo podrán realizarse cada seis meses. Para determinar los porcentajes de ajuste, se utilizará un coeficiente conformado por el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el Indec y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) publicado por el BCRA.

Estos cambios buscan brindar una mayor certidumbre tanto para los inquilinos como para los propietarios, evitando situaciones de abuso o desequilibrio en el mercado de alquileres. Además, la nueva ley busca fomentar el acceso a la vivienda y facilitar la relación entre las partes involucradas.

Con esta nueva normativa, el Gobierno pretende generar un mercado de alquileres más justo y transparente, donde los contratos sean respetados y se garantice una relación equitativa entre inquilinos y propietarios.