Las estafas a través de los grupos de compra y venta que aparecen en las redes sociales se multiplican. No son pocos los que se confían y luego sufren las consecuencias, como le pasó a una mujer de San Antonio, que intentó comprar un juego de living a través de una página que vio en Facebook.

En cuanto al caso, se contactó, hubo un acuerdo vía WhatsApp para establecer la forma de pago y envío. Hasta acá todo normal. Es más, en marzo –cuando ocurrió esto- pagó los 37 mil pesos más otro 10 mil correspondientes al envío. Pasaron los días estimados y el producto no llegó.   

Ante esto, le volvió a escribir para pedirle el número de guía, para reclamarle al correo, pero el vendedor no solo no le contestó, sino que la bloqueó. Ante esto, la señora realizó una denuncia penal por estafa en la fiscalía. Aportó como pruebas todas las capturas desde la primera vez que se puso en contacto, hasta que no le contestaron más.

Además, inició un proceso de menor cuantía ante el Juzgado de Paz de la localidad. Lo hizo por su cuenta, sin un abogado, como permite este mecanismo. Teniendo en cuenta que a través de Mercado Pago estaban todos los datos de quien recibió el dinero, el organismo fijó audiencia. El vendedor no se presentó.

De esta manera, el Juzgado de Paz condenó al hombre, domiciliado en Ezpeleta, a abonar el capital y los intereses de la operación. Esto sin perjuicio de la continuidad de la acción penal.

Vale remarcar que las acciones de menor cuantía permiten a los ciudadanos resolver reclamos de una manera más rápida, sencilla y en cualquier ciudad, pueblo o paraje que cuente con un Juzgado de Paz. El procedimiento es gratuito para garantizar el acceso a la justicia. Además, es informal y respeta los principios de bilateralidad, igualdad y colaboración.

El Poder Judicial rionegrino tiene 49 Juzgados de Paz, extendidos en todo el territorio provincial. Constituyen, en muchos casos, la opción más cercana de los ciudadanos a la hora de resolver conflictos vecinales o realizar determinados trámites.

El trámite es verbal, gratuito, informal, pero con la garantía del resguardo del derecho de defensa. Los juicios que quedan excluidos son los de sucesión, familia, laborales y desalojo.