La denuncia penal contra el diputado nacional Aníbal Tortoriello (Cambia Río Negro) la inició la funcionaria Mónica Patricia Marchisella el 26 de abril de 2017, quien fue la instructora sumariante del Ministerio del Interior de Obras Públicas y Viviendas durante la gestión del titular de la cartera política, Rogelio Frigerio. La presentación de la funcionaria del gobierno de Cambiemos se hizo ante un Juzgado Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Las distintas denuncias las radicaron ese año en función de un informe de fecha 5 de mayo del 2016, del Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda (IPPV) donde se mencionaron los avances de las obras de todas las ciudades de Río Negro donde este plan de ejecutaba (incluido Cipolletti).

Marchisella no nombró en la denuncia a Cipolletti, pero sí mencionó el plan ejecutado en Río Negro donde allí se incluía el caso de las 404 unidades habitacionales que estaban a cargo de cuatro empresas rionegrinas.

El Juzgado federal de CABA se declaró incompetente por el territorio, el propio Ministerio del Interior inició los procesos civiles contra los distintos municipios, y posteriormente mandó el expediente a Río Negro recayendo en la justicia provincial como el caso de la jueza Laura González Vitale. Ésta, por atender diversos asuntos y la demorar en el debate de ayer, prometió a las partes que durante esta jornada se conocerá la resolución por el pedido del Ministerio Público Fiscal de imputación al ex candidato a gobernador, Tortoriello.

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