El juez de Garantías Juan Martín Brussino Kain hizo lugar a una  reformulación de cargos propuesto por el fiscal Guillermo Ortíz contra el Director General de Capacitación y Perfeccionamiento y comisario general, Carlos Grasso, y el Jefe del Departamento Académico y comisario inspector, Oscar Szymansky. Ambos están vinculados a las responsabilidades sobre la falta de controles la capacitación interna concretada en Bahía Creek el 15 de abril de 2021, y cuya crueldad terminó con la vida del oficial Gabriel Mandagaray.

La primera imputación de una audiencia anterior estaba relacionada con la falta de verificación sobre el desarrollo de la capacitación, del cambio de lugar (estaba previsto en otro lugar) ni la práctica en el agua con borcegos, sin chalecos salvavidas ni ambulancia, ni guardavidas.

Durante un debate efectuado ayer mediante plataforma zoom quedó al descubierto para llegar a una segunda imputación que  no controlaron ni mandaron a controlar.

De esta manera, fue desestimado el argumento de la defensa –ejercida por Juan Luis Vicenty y Aldo Bustamante- sobre que no enviaron fiscalizadores por falta de personal en la etapa de pandemia del coronavirus.

Con la participación del abogado querellante, Damián Torres, por parte de la familia Mandagaray, se agregó un elemento reñido con los derechos humanos ya que en parte de la práctica los cursantes fueron orinados y se los obligó a colocarse excremento animal en sus caras.

Al introducirse la cuestión de los derechos humanos quedaron al desnudo que existe un código de ética para funcionarios, y además que había muchas formas de controlar y no lo hicieron.

Durante la audiencia que se extendió por casi dos horas y media,  el magistrado consideró que “estamos en la etapa de investigación y no en la de juzgamiento, hay información que sustenta la existencia de hechos que debieron cumplirse al interpretar las normas reglamentarias”.

Paralelamente, decidió rechazar un pedido de sobreseimiento por parte de los defensores, y con todos estos datos, los plazos para seguir aportando pruebas –antes de ir al juicio oral- se extenderán hasta el 14 de noviembre próximo.

También están imputados en la caua, Alejandro Gattoni (jefe del COER a cargo de la instrucción), Maximiliano Vitali Méndez que tenía una go-pro que habría filmado todo y nunca apareció, Alfredo Nahuelcheo y Marcelo Contreras. La caratula es por el delito de abuso de autoridad como coautores, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y como coautores de homicidio culposo en concurso real con el hecho anterior.