El 26 de julio de 2015 era un domingo del frío invierno. Algunos vecinos de la calle Laprida cercanos a la zona de edificios gubernamentales no podían entender el motivo por el cual una camioneta de fletes pasaba por sus domicilios con muebles y papeles quemados, en dirección al basural.

El camión de bomberos con las balizas encendidas en Tribunales, disparó la alarma. Habían quemado el Juzgado Nº 4 arrojando un bidón de combustible sobre las instalaciones,  pese a que había un guardia de seguridad en el ingreso al edificio de Laprida y 25 de Mayo de la capital rionegrina.

El papelón fue tal desde un principio. Los incendiarios treparon por un portón ubicado en un patio contiguo al ingreso de la Jefatura de Policía durante esa madrugada, sin que ningún guardia tomase conocimiento. Hasta hace poco, todavía se mantenían las marcas de las zapatillas al subir por el portón.

Ayer se cumplieron siete años. Penetraron por un edificio lindero y se metieron en las oficinas del fondo del Juzgado 4. El sector del edificio por el que ingresó quién inicio el fuego no tenía cámaras de seguridad ni custodia

Por fortuna los bomberos llegaron a tiempo para que las llamas no sigan por todo el edificio.

A media mañana de ese domingo, el titular del Juzgado, Carlos Mussi, no quiso hablar con la prensa.

Un integrante de la Brigada de Investigaciones salió a averiguar por las estaciones de servicio quién había comprado nafta en un bidón.

¿Pero qué había en ese recinto?. Allí se encontraban apilados numerosos expedientes. Mussi era en ese momento el responsable de la investigación de varias causas resonantes e importantes, como un intento de homicidio de una joven, parte de los episodios ligados a  corrupción de menores, y la violación y asesinato de Karen Álvarez, entre otros.

Hasta ahí, los hechos. Se iniciaron las investigaciones por parte de Itziar Soly, quien se desempeñaba como fiscal en ese momento, e incluso trascendieron en forma pública grabaciones de 23 conversaciones de los supuestos responsables.

Poco antes de que las investigaciones judiciales cumplan tres años, el 28 de marzo de 2018 desde el Ministerio Público Fiscal se informó que el entonces fiscal Juan Pedro Peralta dictaminó el sobreseimiento de los imputados en la causa por el incendio del Juzgado 4 de Viedma, después de “una profusa investigación que incluyó la recepción de más de 60 declaraciones testimoniales, allanamientos a una decena de domicilios, el análisis de más de 50 teléfonos celulares y más de 17.000 horas de escuchas de comunicaciones telefónicas que fueron desgravadas”.

De esta manera quedaron sobreseídos el abogado Ignacio Galiano, Ricardo Fabricio Colman y Ricardo Iván Colman, Ricardo “Chanchi” Becerra (recientemente fallecido), Roberto Morales Paz y Gustavo Salinas

A su vez se comunicó que el sobreseimiento se produjo al no haberse logrado la incorporación de nuevos elementos de prueba luego del procesamiento que permitan sostener la acusación, y prever razonablemente la obtención de una eventual condena en juicio oral y público, como exige el nuevo Código Procesal Penal.

En su momento, el fiscal Peralta, reconoció, en un extenso escrito, sus sospechas fundadas acerca de que los imputados fueron los autores, admitiendo a su vez que ahora no cuenta con el material necesario para superar el estado de sospecha, y llegar con él a juicio con perspectiva de obtener una condena.

En ese sentido, explicó que los primeros momentos de la investigación fueron fundamentales para llegar a esta instancia en la que lamentó no haber podido otorgar a la sociedad respuestas acerca de la responsabilidad de tan grave hecho institucional.

Además, sostuvo que en los inicios de la investigación, en una etapa inquisitiva, quien se desempeñaba como Juez de Instrucción, Fabio Igoldi, negó allanamientos y diversas detenciones. ¿Hay posibilidades de abrir la causa?.  Sí, siempre que se aporten nuevas pruebas.