En la Justicia de esta capital no se descarta la posibilidad de que la causa relacionada con el homicidio del joven oficial del grupo COER, Gabriel Mandagaray, se transforme en dos expedientes distintos. Por un lado, el juicio futuro por la muerte, y por otro el debate judicial ante la falta de controles por parte de jefes policiales.

En la audiencia concretada recientemente en los tribunales de esta capital, junto con la extensión del plazo de cuatro meses acordado entre el Ministerio Público Fiscal (MPF), la querella y las defensas, hubo una reformulación de cargos.

Se imputó al Director General de Capacitación y Perfeccionamiento y Comisario General Carlos Grasso; y al Jefe del Departamento Académico y Comisario Inspector de la fuerza, Oscar Szymansky, por no mandar a controlar el desarrollo del curso desarrollado en Bahía Creek el 15 de abril de 2021, y cuya crueldad terminó con la vida de Mandagaray.

Antes se les había cuestionado judicialmente por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos en calidad de autores al no haber previsto medidas de seguridad como el caso de la falta de ambulancia.

La Jefatura de la Policía de Río Negro suspendió de manera preventiva a ambos funcionarios, cinco días después del homicidio en el marco de la investigación interna por la muerte.

La medida fue tomada con el objetivo de analizar e investigar las responsabilidades de las mencionadas autoridades que tenían bajo su responsabilidad el análisis integral del proyecto de capacitación, objetivos generales y específicos, competencia académica de los instructores a los fines de su aprobación e inclusión dentro del Plan Anual de Instrucción de la Policía de Río Negro, como así también tareas de fiscalización y supervisión del desarrollo del cursado.

Además quedaron  imputados Alejandro Gattoni (jefe del COER), Maximiliano Vitali Méndez que tenía una go-pro que habría filmado todo y nunca apareció, Alfredo Nahuelcheo y Marcelo Contreras. La caratula es por el delito de abuso de autoridad como coautores, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y como coautores de homicidio culposo en concurso real con el hecho anterior.