Una señora que trabaja como portera en un establecimiento educativo se vio vuelta en una encrucijada cuando necesitó comprar medicamentos y con su sueldo no podía. Ante esto, no lo pensó dos veces cuando la vida de uno de sus tres hijos estaba en el medio, y empezó a tomar créditos para adquirirlos.

Si bien ella tiene obra social, la gran mayoría no eran cubiertos o en su defecto, en un porcentaje ínfimo. Los préstamos fueron personales, con entidades financieras y mutuales y los descuentos de las cuotas se los venía haciendo su empleador, a través de sus haberes.

El tema es que se generó una gran bola que no pudo contener y en la actualidad estaba ganando tan solo 500 pesos. No solo que está fuera de la ley, que indica que la cuota no puede pasar el 20 por ciento del suelo, sino que además la pone a la señora en un estado de vulnerabilidad total, con tres chicos que dependen solamente de ella.

Ante esto, de inmediato actuó Defensoría de Pobres y Ausentes 9 de Bariloche (donde ocurrió el caso) y los defensores oficiales Stella Maris Viudez y Gustavo Suárez. Lo primero que hicieron fue plantear el caso ante el Ministerio de Educación de Río Negro, para que cese o en tal caso reduzca el valor del débito automático que le hacen mensualmente.

Luego de ese paso, la Cámara Segunda del Trabajo dispuso hacer lugar a la medida y ordenar al Ministerio provincial que limite la deducción sobre el sueldo de la mujer por los diversos créditos contraídos con las entidades enumeradas a un máximo del 20 por ciento de sus remuneraciones, previo descuento de las retenciones de ley.

También fue escuchado el pedido de que se haga de manera inmediata, ya que el caso reviste de una situación extrema urgencia y gravedad.