El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra los dos principales accionistas de la empresa de cobros Siglo XXI, Leticia Aliberti y Horacio Ferrarino, a quienes se les imputó el delito de administración infiel en perjuicio de EdERSA y GIRE SA propietaria de Rapi Pago.

En el caso de Aguas Rionegrinas, se agregó a aquel primer delito el perjuicio en contra de la administración pública.

Lee también: Escándalo gigante: varias empresas denunciaron por estafas a Siglo XXI

La Fiscalía detalló en la audiencia de formulación de cargos realizada en la mañana de hoy los tres hechos distintos que se les atribuye.

En relación a EdERSA, quien mayor perjuicio económico denunció, mencionó que ambos imputados “en su rol de recaudador y administrador de SIGLO XXI defraudaron a EdERSA violando los deberes impuestos” por compromisos contractuales que los obligaba a rendir diariamente los pagos efectuados por los usuarios del servicio de luz y transferir el total de lo recaudado (quitando las comisiones correspondientes) en el término de las siguientes 48 horas después.

Por el incumplimiento de tales condiciones, entre los años 2019 y 2021, “procurando para sí o para un tercero un lucro indebido, perjudicaron a la firma en más de 147 millones de pesos”, detalló el Fiscal.

El segundo de los hechos tiene como víctima al Estado rionegrino, ya que la empresa perjudicada Aguas Rionegrinas SA tiene un capital predominantemente estatal. Por ello la Fiscalía de Estado se constituyó como querellante en la causa adhiriendo a lo mencionado por la Fiscalía.

“Se le atribuye a ambos imputados entre el 26 de febrero y el 9 de abril de 2021” haber violado los deberes que les imponían los acuerdos contractuales de rendir diariamente las cobranzas realizadas por el servicio de agua potable y desagües cloacales y transferir dichas sumas al mencionado organismo. Tal incumplimiento perjudicó al Estado en más de dos millones de pesos.

El tercero de los hechos imputados por la Fiscalía se habría producido entre el 31 de marzo y 6 de abril de 2021 e implicó también el incumplimiento de rendir lo recaudado en las 14 sucursales de Rapi Pago distribuidas en la provincia. Ello le produjo a GIRE SA un perjuicio patrimonial superior a los 16 millones y medio de pesos.

Las dos empresas privadas estuvieron representadas en la audiencia por un abogado querellante que adhirió a lo manifestado por el fiscal Guillermo González Sacco.

El sustento probatorio necesario para poder formular cargos se compone de las respectivas denuncias y los convenios entre las empresas y Siglo XXI. Además trabajaron en la investigación preliminar dos áreas de la Procuración General en la obtención de datos que permitieron sostener la acusación endilgada. Se trata de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) que gestionó la información bancaria tanto de la empresa como de los imputados y el equipo de contadores que elaboró informes a partir de una labor conjunta con sus pares de las empresas perjudicadas.

Además, se cuenta con informes de Inspección General de Personas Jurídicas que permitieron corroborar la constitución de la empresa, estableciendo los roles de cada uno de los imputados.

Finalmente, tanto la acusación pública como privada coincidieron en requerir 4 meses de investigación penal preparatoria y, como medidas cautelares, la inhibición general de bienes de ambos acusados. La querella de las empresas privadas agregó a este requerimiento la prohibición de salir del país.

La representación legal de los acusados fue ejercida por los defensores oficiales Pedro Vega y Juan José Alvarez Costa quienes no manifestaron objeciones a los hechos y a la imputación aunque requirieron que las medidas cautelares sean impuestas por el lapso en el que se desarrollará la investigación.

Todo ello fue finalmente admitido por la Jueza de Garantías Itziar Soly quien determinó la apertura de la investigación penal preparatoria y dispuso las medidas cautelares mencionadas.