Las discusiones entre mujeres fueron varias, sin embargo nadie tuvo la culpa

Una abuela echó a su nieta del departamento del barrio 20 de junio por diferencias de criterio, y ahí siguieron los problemas.

La joven fue notificada por la policía de la exclusión del hogar a raíz de una denuncia que formuló la mujer mayor.

Cuando fue a retirar algunas pertenencias de un dormitorio se trabó en discusión con su abuela en virtud de que en una caja había elementos que, al parecer, cuya propiedad se la adjudicaban ambas.

En medio de la discusión, gritos y forcejeos intervino una integrante del Servicio de Atención Territorial (SAT) perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano, quien forcejeó con la joven. El SAT, que atiende casos de violencia de género, había sido convocado por la policía para concretar el desalojo de la joven.

Como esta última sintió que había sido zamarreada por la representante del SAT, y se sintió víctima de un acto de violencia en esa refriega, decidió presentar una denuncia penal contra la integrante de ese organismo oficial.

Sin embargo, cuando las actuaciones llegaron a manos del Ministerio Público Fiscal, la funcionaria actuante se encontró que el documento no cuenta con un testigo imparcial del hecho, en tanto que la única persona que pudo aportar datos de lo ocurrido resultó ser la hermana de la denunciante, de la que no existen constancias de su versión.

Tampoco se presentaron certificados que constaten lesiones en la joven excluída, por lo tanto se decidió archivar la causa.