Denuncia por presuntos certificados truchos: se postergó el juicio contra más de 120 policías y ya tiene nueva fecha

La investigación por presuntos certificados médicos falsos que involucra a más de 120 efectivos de la Policía de Río Negro sumó un nuevo capítulo: la audiencia de formulación de cargos fue postergada y ahora se realizará el jueves 4 de junio, a las 10 de la mañana, en el Auditorio del Poder Judicial viedmense.

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Se trata de una causa de alto impacto institucional que lleva meses de demoras y reprogramaciones, en medio de la complejidad que implica la cantidad de personas involucradas, que en total son 128 efectivos, y el volumen de pruebas recolectadas.

Según se informó desde el ámbito judicial, en esa audiencia se avanzará formalmente con la imputación, un paso esencial para determinar el alcance de las responsabilidades y definir cómo seguirá el proceso penal.

El expediente investiga la presunta utilización de certificados médicos apócrifos para justificar inasistencias laborales dentro de la fuerza. La magnitud del caso obligó a reorganizar en varias oportunidades el cronograma judicial, generando expectativas tanto en el ámbito policial como en la sociedad.

Cabe recordar que, tal como informó este medio anteriormente, la causa ya había sufrido una postergación previa debido a cuestiones operativas y de agenda judicial, lo que retrasó el inicio de las instancias formales.

La acusación

Cabe señalar que la formulación de cargos a 128 policías de la provincia será por la presentación de supuestos certificados de salud truchos, con fines de tener licencias laborales. La denuncia la realizó el gobernador Alberto Weretilneck junto con el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, y su adjunto Luciano Minetti Kern, con la querella de Federico Rosbaco.

En principio, el fiscal Juan Pedro Peralta llevó a cabo las investigaciones iniciales contra tres agentes policiales, pero se desprendió una megacausa que involucró a más de un centenar de imputados y por ello se formó un equipo especial con Mariana Giammona y Francisco Marano de la Fiscalía N°8 y Candelaria Molineaux de la Fiscalía N°7.

Para llegar a esta instancia de varias imputaciones por el delito en perjuicio de la administración pública, se hizo un cotejo de información de varios pasos, donde incluso se analizaron los informes bancarios de médicos que habrían recibido dinero a cambio de los falsos diagnósticos.