10/05/2021

El Consenso Fiscal que nos debemos

El Consenso Fiscal firmado en 2017 acordó con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras cuestiones, buenas prácticas de gobierno en materia fiscal, tanto por el lado de los ingresos como de los gastos.

El Consenso Fiscal que nos debemos

(*) Por Agustín Domingo

 

En relación con los ingresos tributarios las provincias acordaron bajar los impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos, en forma gradual en un período de 5 años. Se trataba de un recorte equivalente al 1,5% del PBI. Se instrumentó a través de topes de alícuotas por actividad y la eliminación de alícuotas diferenciales de acuerdo al lugar de radicación de las empresas, las llamadas aduanas interiores.

Las actividades con mayor reducción de la carga impositiva fueron aquellas consideradas transversales (primarias, industria, construcción, energía, etc), por el mayor efecto distorsivo y sesgo anti exportador que tenía el impuesto en dichas actividades, dejando recaer la mayor parte del peso del impuesto en la venta de bienes y servicios finales. También acordaron que las valuaciones fiscales de los inmuebles converjan con el tiempo a las de mercado, en un rango de entre 0,5% y 2% anual del valor fiscal.

Por el lado del gasto se acordó mantener el gasto constante en términos reales durante los años siguientes. La reforma a ley de Responsabilidad Fiscal que se sanciono posteriormente y a la que adhirieron las provincias, establecía limites en la incorporación de personal por encima del crecimiento poblacional, y limites en el crecimiento del gasto en términos reales (por encima de la inflación) y en el endeudamiento. Las provincias también se comprometieron a trabajar con los municipios para establecer límites de gasto y endeudamiento similar al nacional; y promover la adecuación de las tasas municipales de manera que sus importes guarden una razonable proporcionalidad con el costo del servicio que se presta.

Hubiera sido deseable incluir y consensuar con todo el arco político una estabilidad fiscal similar sobre los impuestos recaudados por el gobierno nacional, tales como el impuesto a las ganancias de personas y empresas y los impuestos al trabajo. Y que las reglas de límites al gasto, al empleo público y al endeudamiento le fueran aplicables también al gobierno nacional y no solo a las provincias. Y justo hubiera sido también plantear un objetivo de reducción o eliminación del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, que comparte los mismos defectos que el denostado impuesto sobre los ingresos brutos.

Mas allá de la discusión sobre el alcance del acuerdo alcanzado, y resaltando la amplia aceptación lograda con gobernadores de distinto signo político, lo más destacable que tenía ese Consenso Fiscal era que junto a los ingresos se discutían medidas para controlar los gastos y que planteaba un horizonte de 5 años para su implementación plena, con la consecuente estabilidad fiscal en ese lapso y el aliento a las inversiones y la generación de empleo que ello suponía.

En los años siguientes, y previo a la sanción de las leyes locales de presupuesto y calculo de recursos, se fueron acordando adendas al consenso fiscal, que en la práctica implicaron suspensiones parciales al cronograma de reducciones de alícuotas acordado en 2017, tanto en ingresos brutos como en sellos, siempre justificado en las necesidades de recursos de los gobiernos locales.

En la adenda al Consenso Fiscal firmada en 2020 se liberó además el tope existente para las actividades financieras, y se mantuvieron las reducciones alcanzadas hasta 2019 en las restantes actividades, pero continuó suspendido el cronograma de reducciones originalmente previsto.

Como dato positivo se hizo hincapié en la simplificación tributaria, el trato diferencial a los pequeños contribuyentes y la armonización federal de los distintos regímenes de recaudación que administran las provincias, que muchas veces generan una presión tributaria mayor a la que establecen las alícuotas de las leyes impositivas y provocan la acumulación de saldos a favor muy difíciles de recuperar para los contribuyentes.

Con la ley de Presupuesto 2021 y justificado esta vez en la emergencia por la pandemia, también se suspendieron para los ejercicios 2020 y 2021 los límites al crecimiento del gasto, a la contratación de personal y al endeudamiento que fijaba la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Reflexionando sobre lo ocurrido desde el 2017 a la fecha, y teniendo en cuenta que en los próximos meses seguramente asistiremos a la discusión de una nueva adenda al consenso fiscal, no puede dejar de lamentarse la incapacidad que hemos tenido para consensuar reglas de juego claras y sostenidas en el tiempo que brinden seguridad jurídica y alienten la inversión productiva.

Si cada año cambiamos lo acordado, agregamos nuevos impuestos, eliminamos limites que nos habíamos autoimpuesto, en definitiva, borramos con el codo lo que el año anterior habíamos escrito con la mano, nunca vamos a generar la confianza necesaria para que las inversiones productivas capaces de hacernos crecer y generar empleo de calidad, lleguen a concretarse.

Para reducir impuestos es necesario primero reducir gastos, sino estamos seguros que podremos hacerlo no deberíamos habernos comprometido en un primer momento, de lo contrario se produce un efecto contrario al buscado. Un objetivo menos ambicioso y alcanzable hubiera sido garantizar estabilidad fiscal por los siguientes 5 o 10 años. No crear nuevos impuestos en ningún nivel de gobierno, no incrementar las alícuotas de los existentes, y trabajar en la simplificación y coordinación de los regímenes de recaudación para evitar la acumulación de saldos a favor en el impuesto sobre los ingresos brutos.

Cuando la Nación y las Provincias se sienten este año a discutir nuevamente el consenso fiscal deberían aprender de los errores cometidos e intentar cumplir mínimamente los siguientes objetivos:

  1. el resultado final debe ser siempre el equilibrio en las cuentas públicas, por lo tanto no podemos discutir el nivel de impuestos que queremos (ingresos) sin discutir el tamaño del estado que podemos financiar (gastos), y
  2. debemos lograr un acuerdo de largo plazo, no sirve firmar consensos todos los años, sacando, agregando, cambiando permanentemente las reglas. Es la única forma de garantizar estabilidad en las reglas del juego para incentivar inversiones que generen empleo y bienestar a nuestra sociedad.

 

(*) Agustín Domingo es Presidente de la Comisión Arbitral del Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (Comarb) y ex Ministro de Economía de Río Negro. 

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