Avanza la causa contra Barreno por violar el aislamiento, pero la Fiscalía deberá reforzar sus argumentos

En el mediodía de este miércoles, el legislador y sindicalista judicial Pablo Barreno, estuvo sometido a la formulación de cargos por incumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio en mayo de 2020.

El dirigente peronista intentó ingresar al Poder Judicial para constatar el estado del edificio, pero presuntamente no contaba con el permiso necesario en medio de la pandemia. 

La entonces titular del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini, presentó una nota al Procurador General, Jorge Crespo, para que investigue el episodio por “violación del aislamiento”.

Esa causa fue tramitada por la fiscal Maricel Viotti, que concluyó en criterios de oportunidad con otros dos asistentes, quienes aceptaron desembolsos para concluir con el trámite penal, pero Barreno no aceptó tal acuerdo. Dichos desembolsos, de los cuales uno fue de la exdirigente Adriana Saber, fueron donados al Hospital Artémides Zatti. 

Oportunamente, Barreno se manifestó para pedirle a la oficina judicial que permitan la presencia, vía Zoom, de otros empleados judiciales y la sala llegó a tener hasta más de 50 participantes. 

En la audiencia, la fiscal Viotti pidió un plazo investigativo de cuatro meses, a fin de examinar las cámaras de seguridad del Poder Judicial con un programa especial y si tenía una autorización para circular.

El abogado defensor Diego Sacchetti citó como inconsistente la solicitud fiscal porque Barreno asistió al lugar en carácter de titular de Sitrajur para comprobar si los trabajadores judiciales podían trabajar sin riesgo de salud. Además, mencionó que en su figura de legislador ya tenía una autorización genérica para circular en medio de la pandemia.

El otro letrado defensor, Juan Martín Palumbo, indicó que la Secretaría de Trabajo acreditó que los empleados judiciales que volvían a sus labores "no tenían ni alcohol en gel", lo cual representaba un riesgo a la salud colectiva. Al tiempo que le respondió a la Fiscalía que su cliente sí concurrió al lugar de los hechos, pero en el marco de su representación de los judiciales y el cuidado de su salud.

Calificó igualmente que "ésta es una manifestación más de persecución de éste Superior Tribunal de Justicia" y que el Poder Judicial debería ocuparse de otras causas de mayor gravedad, por lo que solicitó que la causa se archive.

Por su parte, Barreno expuso que están manipulando el Código Penal de tal manera que una inspección gremial llegó a una causa penal. "Es insólito" manifestó y completó que está orgulloso por velar la integridad física de sus representados. 

El juez Pedro Puntel dio lugar al pedido fiscal, con una investigación de dos meses de duración. Pero coincidió en que no se observa una intención real de Barreno de incumplir la norma de salud colectiva y que tanto en su rol de titular de Sitrajur y de legislador provincial estaba autorizado a concurrir a la sede judicial.

En resumen, la Fiscalía podrá promover la investigación dentro de 60 días, pero deberá reforzar sus argumentos para una mejor teoría del caso.