Se conocieron los detalles de la prórroga del mandato del defensor del Pueblo de Viedma
La prórroga del mandato del defensor del Pueblo de Viedma hasta el 30 de noviembre de 2027 tendrá carácter excepcional y por única vez. La medida modifica el plazo de finalización del mandato actualmente vigente y busca compatibilizar la continuidad institucional del organismo con las obligaciones de rendición de cuentas y el procedimiento para designar a su sucesor.
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La decisión fue impulsada por el intendente Marcos Castro y aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante. La normativa original establece un mandato de cuatro años para quien ejerce la titularidad de la Defensoría del Pueblo, creada en 2017 para defender, proteger y promover los derechos e intereses individuales y colectivos frente a actos u omisiones de la administración municipal y sus organismos.
Uno de los argumentos centrales de la modificación está relacionado con la presentación del informe anual de gestión. La normativa vigente establece que el defensor debe exponerlo ante el Concejo Deliberante durante noviembre, en una sesión convocada específicamente para ese propósito. El informe debe incluir un diagnóstico de la realidad social e institucional de la ciudad, estadísticas, gestiones realizadas y respuestas de las reparticiones públicas y empresas de servicios a los casos planteados.
En los fundamentos de la medida se señala que el estado de salud del actual titular (Marín Pérez Morando) le impide, en las condiciones actuales, realizar la exposición y defensa final de su gestión ante el cuerpo deliberativo. Por ese motivo, se considera necesario adecuar excepcionalmente la fecha de finalización del mandato para permitir el cumplimiento de esa instancia institucional.
La extensión también apunta a ordenar el procedimiento de selección de quien ocupará el cargo. Según los argumentos de la ordenanza, el cronograma vigente podía superponerse con el proceso electoral de 2027, cuando se definirá la composición del Concejo Deliberante, el Poder Ejecutivo municipal y el Tribunal de Cuentas.
En ese sentido, se plantea que separar temporalmente la selección del defensor del Pueblo de la contienda electoral permitiría desarrollar el procedimiento sin que quede vinculado con la disputa partidaria por los cargos políticos que estarán sujetos al control del organismo.
Otro de los aspectos considerados es la selección del próximo juez de Faltas municipal, que también deberá realizarse durante 2027. La adecuación de los plazos permitiría coordinar ambos procedimientos y aprovechar los recursos administrativos, con el objetivo de mejorar la organización institucional.
La fecha del 30 de noviembre de 2027 también funcionará como referencia para el cómputo del plazo de 150 días previos previsto para desarrollar el procedimiento de selección del nuevo defensor del Pueblo. De esta manera, se busca establecer una secuencia ordenada entre la presentación del informe anual, la finalización del mandato vigente y el inicio del proceso para designar a su reemplazante.
La ordenanza aclara que la medida no implica una reelección ni una prórroga ordinaria del mandato, sino una disposición transitoria limitada al período actual. Por lo tanto, para los mandatos posteriores se mantiene el plazo de cuatro años establecido por la normativa original.
La votación en el Concejo Deliberante terminó con seis votos afirmativos, dos negativos y una abstención. Acompañaron la iniciativa Lorena Alan, Julián Algañarás, María Andria, Pedro Bichara, Evelyn Rousiot y Luciano Ruiz. En contra se pronunciaron Vanessa Cacho y Silvina Franco, mientras que Natalia Macri se abstuvo.