Una herencia de US$ 395 mil, una denuncia familiar y un acuerdo que podría cerrar la causa
Una audiencia de formulación de cargos por una presunta estafa vinculada con una herencia familiar fue suspendida este jueves en Viedma, luego de que las partes manifestaron que arribarán a un acuerdo conciliatorio. Según se informó, el entendimiento permitirá extinguir la acción penal.
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El caso tiene como trasfondo una disputa entre una hija, su madre y la pareja de ésta por la administración de bienes que habían sido heredados. La defensa, compuesta por Nalu Ezequiel Castro y Franco Gastón Pulichino, solicitó que no se difundieran los nombres de las personas imputadas, pedido que fue concedido por el juez de Garantías Juan Martín Brussino Kain.
La audiencia estaba prevista para las 10 en la Sala Anexo del Poder Judicial y tenía como objetivo la formulación de cargos por el delito de estafa, pero hubo una información de último momento: el avance de un acuerdo monetario, por fuera de la justicia, que no se llegó a avisar a tiempo a la Oficina Judicial.
Una herencia bajo investigación
La causa había tomado estado público en diciembre de 2025, cuando se informó que una mujer había denunciado a su madre y a su padrastro por presuntas irregularidades en la administración de una herencia familiar.
Según la acusación presentada entonces por la querella, la herencia incluía inmuebles, campos, ingresos por alquileres y la venta de lotes. La denunciante sostenía que no había recibido la parte que le correspondía de distintos bienes y rendimientos económicos que le había dejado su tío, porque su propia mamá acaparó todo, con ayuda de su padrastro.
En aquella instancia, la investigación había sido archivada por la Fiscalía, al considerar que no se dañaba ningún patrimonio público, y la querella solicitó convertir la acción penal pública en privada, planteo que fue aceptado por el juez de Garantías.
Ahora, con la suspensión de la audiencia prevista para este jueves, las partes buscarán cerrar el conflicto mediante un acuerdo conciliatorio; es decir, se intentarán acercar las diferencias económicas entre las partes.
En específico, el fallecido Elio César Figliozzi le otorgó mediante un testamento una suculenta herencia a su sobrina (la demandada) y a su sobrina nieta (la demandante), en partes iguales. Pero la demandante era menor de edad y debía cumplir 18 años para poder administrar su parte.
Según la acusación, entre el 9 de julio de 2017 y el 2 de febrero de 2024, la madre de la demandante dilapidó la herencia junto a su nueva pareja, dejándole solamente dos alquileres a la joven.
El abogado Damián Torres, en el día de la conversión de la querella privada, relató que la pareja "percibió de manera exclusiva e ilegal, sin autorización ni rendición de cuentas, los frutos y bienes derivados de contratos de locación, de arrendamiento de bienes e inmuebles en la parte que le correspondía a la víctima. Es decir, cobró todo lo suyo y también lo de su hija".
En esta línea, se vendió una fracción de lotes en un complejo denominado "Pampas Río Negro", sobre el kilómetro 20 de la ruta Provincial 1, camino a El Cóndor y la demandante no recibió parte de sus ingresos.
Asimismo, en el mismo período, se le imputa a la mujer a título de autora "haber simulado contratos de comodatos a los efectos de ocultar verdaderas locaciones onerosas, ocultó contratos y cobró en efectivo cánones locativos y por ventas, sin registrarlos y sin rendirlos. Incumplió reiteradamente la obligación legal y judicial de rendir cuentas. Así, ese dinero lo utilizó para fines personales como viajes al exterior, entre ellos a Disney.
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En el caso del padrastro se lo acusa como partícipe necesario, ya que "en el mismo período, primero en su calidad de administrador de la sucesión, abusó de la confianza de la demandante por ser la pareja de su madre y colaboró con ella para la realización de todos los actos de administración y disposición del patrimonio".
Además, remarcó que "ambos imputados mantuvieron a la víctima en situación de dependencia económica, aprovechando esa asimetría de poder en la cual se encontraba, con la finalidad de seguir administrando ellos el acervo hereditario y seguir obteniendo réditos económicos, perjudicando a los intereses confiados".
El perjuicio patrimonial aproximado de toda esta conducta ronda en 395 mil dólares, por lo montos no entregados en concepto de alquileres, arrendamientos rurales y ventas de lotes rurales y de desarrollo urbanístico. Se destacan más de 20 inmuebles, campos y el usufructo del alquiler del complejo de Libra, hoy Joker.
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