Rige el nuevo régimen penal juvenil y en Río Negro todavía falta definir cómo se aplicará
La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil abrió una nueva etapa para el tratamiento de los adolescentes que cometan delitos en la Argentina, con una modificación central como la reducción de la edad de imputabilidad a partir de los 14 años.
Sin embargo, además de los cambios establecidos por la normativa, en las provincias queda por delante el desafío de definir cómo se instrumentará el nuevo esquema.
En Río Negro, ese proceso todavía no está definido. Así lo explicó el abogado Santiago Guenomil, director del Instituto de Derecho Penal, quien señaló que la provincia deberá avanzar en la articulación de los distintos organismos que tendrán intervención en el nuevo régimen y en la puesta en marcha de las herramientas previstas por la normativa.
En diálogo con Radio Noticias (105.5 MHz), Guenomil puso el foco particularmente en la figura del supervisor que contempla el nuevo sistema y en la participación que deberán tener las estructuras provinciales vinculadas con niñez y adolescencia. En ese sentido, mencionó a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y remarcó la necesidad de capacitar a los organismos que deberán intervenir.
Guenomil explicó que, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito federal, “en Río Negro, en particular, no está articulado aún, no está regulado y no sabemos cómo se va a llevar a cabo” el nuevo régimen.
Según detalló, la reglamentación establece una instancia de coordinación entre Nación y las provincias. “Este decreto justamente crea una mesa de articulación con todos los Ministerios de Justicia de cada una de las provincias”, indicó, y agregó que Río Negro formará parte de ese espacio destinado a definir aspectos de la implementación.
En ese marco, explicó que uno de los puntos centrales será determinar cómo funcionará la figura del supervisor que deberá acompañar a los adolescentes sometidos a un proceso penal. “Cada menor de edad que se encuentra sometido a un proceso va a tener que contar con un supervisor”, señaló Guenomil, quien precisó que esa persona deberá acompañarlo tanto durante el proceso como en el cumplimiento de una eventual pena.
El abogado también destacó que la aplicación del nuevo régimen requerirá la intervención de organismos provinciales. “Es claro y es muy importante que cada uno de los organismos se capaciten en esta cuestión porque es una temática de abordar muy importante”, sostuvo.
En ese punto, hizo referencia a los organismos de niñez y adolescencia y señaló que, en Río Negro, también deberán involucrarse las estructuras vinculadas con esa área. “Yo entiendo, y también a las secretarías de niñez, lo que sería el equivalente acá en Río Negro a la Senaf, que tendrán también que tomar medidas”, afirmó.
Más allá de la implementación provincial, Guenomil explicó que el nuevo régimen modifica de manera estructural el sistema penal juvenil y que la reducción de la edad de imputabilidad es solamente uno de sus componentes.
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Sobre el cambio más difundido de la normativa, explicó que ahora la legislación penal puede alcanzar a adolescentes desde los 14 años.
Sin embargo, aclaró que el nuevo régimen también establece límites y un sistema progresivo para la aplicación de las sanciones. En particular, señaló que la pena máxima para un menor de edad será de 15 años, incluso frente a delitos que para los adultos contemplan penas más severas.
El especialista también remarcó que la privación de la libertad no aparece como la primera respuesta en todos los casos. “La pena privativa de la libertad no es la regla, sino en principio la excepción”, sostuvo, al describir un esquema que contempla diferentes medidas antes de llegar al encierro.
Entre esas alternativas mencionó “amonestaciones, control de monitoreo, tobillera electrónica, imposición de tareas comunitarias”, mientras que la privación de la libertad quedaría reservada para los casos y escalas de pena previstos por la nueva normativa.