Investigación por el supuesto hackeo a Weretilneck: qué hizo la Fiscalía luego de ser apartada por el juez
La investigación por el supuesto hackeo al gobernador Alberto Weretilneck tuvo un giro este lunes 7. En la reanudación de la audiencia, tras el cuarto intermedio, el juez que entiende en la causa, Adrián Dvorzak, remarcó que se trata de un caso de índole privada.
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La definición surgió a partir de una serie de planteos realizados por el abogado defensor, Santiago Güenumil, que fueron aceptados por el magistrado. Si bien existe una denuncia presentada por Weretilneck, Dvorzak consideró que el Ministerio Público Fiscal no puede investigar de oficio en los términos en que fue planteado el caso.
Según el juez, los hechos denunciados podrían encuadrarse en los artículos 153 bis y 157 del Código Penal. El primero contempla el acceso ilegítimo a un sistema o dato informático, una figura conocida como hacking o intrusismo informático. El segundo refiere a la protección de secretos y datos personales.
La decisión del magistrado no implica que haya descartado la existencia del delito. Lo que planteó es que, para avanzar con la investigación bajo esta calificación, debe presentarse el propio gobernador, acompañado por un abogado particular, para impulsar la acción.
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El paso que dio la Fiscalía
La fiscal del caso, Yanina Estela Passarelli, manifestó su desacuerdo con la decisión y planteó la posibilidad de presentar una revocatoria. Ese planteo ya fue realizado y ahora resta esperar los plazos correspondientes.
La fiscal tiene cinco días para presentar la impugnación ante el mismo juez, quien deberá resolver si la admite o la rechaza. Si la admite, el planteo pasará a una revisión horizontal ante un juez de juicio. Si la rechaza, la Fiscalía podrá recurrir en queja directamente ante un juez de revisión.
El caso
A fines de junio, el Gobierno de Río Negro denunció un supuesto hackeo al sistema informático de la administración pública. La acusación apuntó contra un empleado público de la Casa de Gobierno, a quien se le atribuyó el ingreso a información confidencial, entre ella datos vinculados al gobernador Weretilneck, como sus recibos de sueldo.
A partir de la denuncia se realizó un allanamiento y comenzó la investigación judicial, que ahora enfrenta una discusión clave: si el Ministerio Público Fiscal puede avanzar de oficio o si, por el tipo de delito que se investiga, la causa debe ser impulsada mediante una acción privada.
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