Robo a un taxista en Viedma: quedó imputado por un arma de fuego y otra de guerra
Esta mañana hubo avances en torno a una causa judicial que atemorizó al sector de los taxistas en Viedma, por un violento asalto a mano armada. Hoy la Justicia reformuló los cargos contra Maicol Calfupán a partir de una pericia balística que confirmó que las dos armas secuestradas durante su detención eran aptas para efectuar disparos.
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La audiencia fue encabezada por la jueza de Garantías, Georgina Amaro Piccinini, mientras que por el Ministerio Público Fiscal intervino Maricel Viotti Zilli y la defensa estuvo a cargo del abogado Pedro Vega.
La modificación de la acusación se produjo luego de que el Gabinete de Criminalística realizara las pericias correspondientes sobre las armas encontradas tras el procedimiento policial. Según explicó la fiscal, esa información no estaba disponible cuando se realizó la primera formulación de cargos.
El asalto al taxista
De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 6 de mayo de 2026, alrededor de las 10:15, cuando Calfupán abordó un taxi de la empresa 428000 en inmediaciones de las calles 29 y 20 del barrio Lavalle.
El viaje solicitado por el joven de unos 20 años tenía como destino el Centro de Atención Municipal (CAMU), ubicado sobre la calle Azucena Maizani al 100 del barrio Lavalle. Durante el trayecto, según la investigación, el pasajero pidió Wi-Fi al taxista.
Fue en ese momento cuando el hombre extrajo un arma de fuego y amenazó al trabajador para apoderarse de sus pertenencias, y la Fiscalía sostuvo que el acusado se llevó un celular marca Motorola, que tenía una funda transparente con dibujos y el nombre del hijo del conductor.
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Luego de que el pasajero descendiera del vehículo, el taxista avisó a la empresa y posteriormente aportó información a la Policía, que inició la búsqueda.
La detención y las dos armas
El procedimiento terminó con la detención de Calfupán en inmediaciones de la calle 2 y Ruta 1. En ese lugar, los efectivos encontraron dos armas de fuego, una de uso civil con la que atacó a la víctima del robo y otra de tipo de guerra.
Una de ellas era una pistola FN Browning usada por fuerzas policiales y militares, mientras que la otra era un revólver Puglia Extra calibre .22 (civil).
“Ambas son aptas para producir disparos”, explicó la representante del Ministerio Público Fiscal al referirse a las conclusiones de la pericia balística, por lo que se agravó la situación procesal del acusado. A partir de esa evidencia, se cambió la calificación legal a robo agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de un arma de guerra, las dos aptas para efectuar disparos.
Durante la audiencia, el defensor Pedro Vega manifestó que no formularía objeciones respecto de los hechos ni de la nueva evidencia incorporada. El abogado sí planteó una cuestión vinculada al plazo de investigación. Explicó que la defensa había solicitado una pericia y que el turno había sido fijado para el 23 de septiembre, por lo que pidió una extensión para poder incorporar ese resultado al expediente.
Finalmente, las partes acordaron extender el plazo de investigación hasta el 20 de octubre.
La jueza Amaro Piccinini consideró razonable el pedido y avaló la prórroga, al igual que la reformulación de los cargos, en el marco de una audiencia que también permitió resolver la continuidad de las medidas cautelares que pesan sobre Calfupán.
La Fiscalía pidió mantener el dispositivo de monitoreo GPS y las prohibiciones de acercamiento que habían sido establecidas previamente, argumentando que los riesgos procesales señalados en la instancia anterior continuaban vigentes.
La jueza hizo lugar al planteo y dispuso que las medidas se mantengan hasta el 20 de octubre, fecha establecida para el vencimiento de la etapa preparatoria.
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De esta manera, el imputado deberá continuar utilizando el dispositivo electrónico y respetar las restricciones de acercamiento hacia las víctimas y los testigos.