Jubilados advierten que la crisis del PAMI excede el cambio de autoridades en Río Negro
La salida de Nicolás Petrini de la conducción del PAMI en Río Negro volvió a poner el funcionamiento de la obra social en el centro de la escena. El recambio se produjo en un contexto marcado por reclamos de afiliados, dificultades con prestadores privados y advertencias sobre posibles cortes de servicios médicos.
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Frente a este escenario, organizaciones de jubilados y pensionados de la provincia calificaron la situación como “gravísima”. Gilma García, integrante de la Asociación de Docentes Jubilados, sostuvo que el deterioro del organismo responde a un proceso que, según afirmó, se extiende a nivel nacional. “Es gravísima la situación del PAMI, esto ya es un abandono de persona”, expresó. Cerca de seis millones de argentinos estarían atravesando dificultades para acceder a prestaciones de salud.
La dirigente consideró que, ante la magnitud del problema, debería existir una intervención de los poderes Legislativo y Judicial que permita exigir una normalización del organismo. También cuestionó la sucesión de autoridades en Río Negro y señaló que, en este contexto, la designación de un nuevo funcionario regional no alcanzaría para revertir la situación.
En las últimas horas trascendió que Horacio Llamazares, médico cirujano, sería quien asumiría al frente del organismo en la provincia. García valoró que se trate de un profesional de la salud, aunque planteó que el perfil más adecuado debería ser el de un especialista en atención de adultos mayores.
Mientras tanto, los reclamos de los jubilados apuntan a problemas concretos en el acceso a las prestaciones. García mencionó dificultades para acceder al programa Remediar y sostuvo que la falta de respuestas del PAMI también repercute sobre el sistema público de salud.
Como ejemplo del impacto económico, señaló que una consulta oftalmológica puede alcanzar los 60 mil pesos y una consulta con un neumonólogo ronda los 45 mil. A esto se suman los cupos disponibles para determinadas atenciones. “Un jubilado con la mínima cobra cerca de 500 mil pesos”, planteó, y cuestionó cómo pueden afrontar esos valores quienes dependen exclusivamente de sus ingresos previsionales.
Desde Jubilados Fisque Menuco, Alberto Ortiz coincidió en que el cambio de funcionario regional no representa, por sí mismo, una solución para los problemas estructurales. Según explicó, las principales decisiones dependen de las políticas que se establezcan desde la conducción nacional y, hasta el momento, la organización no cuenta con información oficial sobre quién quedará formalmente al frente de la delegación rionegrina.
Ortiz también cuestionó el esquema actual de conducción del organismo y reclamó que se deje de lado la intervención del Gobierno nacional para avanzar en el cumplimiento de la Ley 19.032, que establece mecanismos de participación de jubilados y trabajadores en el gobierno del PAMI.
Entre los principales reclamos, la agrupación mencionó una deuda con prestadores privados que, de acuerdo con los datos que manejan, rondaría los 500 mil millones de pesos. La situación, indicaron, se traduce en restricciones y cupos para acceder a consultas y tratamientos en clínicas, sanatorios y consultorios.
Otro de los puntos señalados es la reducción de médicos de cabecera disponibles. Desde la organización atribuyeron la salida de profesionales a los bajos honorarios y a la falta de actualización de los aranceles.
A la vez, denunciaron problemas en la provisión de medicamentos considerados críticos, incluidos algunos utilizados en tratamientos oncológicos. En este sentido, reclamaron que se cumpla la orden judicial que dispone la restitución de la cobertura total de medicamentos para los afiliados.
La situación también alcanza al funcionamiento administrativo del organismo. Ortiz señaló que en distintas localidades del Alto Valle se produjeron despidos de trabajadores y que existen localidades, como Cervantes, donde no hay atención presencial diaria para los afiliados.