Otra vez se suspendió el juicio por certificados truchos contra más de 120 policías en Río Negro
La causa por los presuntos certificados médicos truchos utilizados por policías de Río Negro volvió a tener un capítulo judicial que, paradójicamente, terminó sin que se pudieran formular los cargos. La audiencia prevista para este viernes en la Sala Anexo del Poder Judicial de Viedma fue suspendida y deberá ser reprogramada.
Se trata de una investigación de una dimensión poco habitual para la Justicia provincial. El expediente reúne a más de 120 efectivos y, justamente por la cantidad de personas involucradas y de abogados defensores, el Ministerio Público Fiscal decidió dividir el caso en 9 legajos distintos y realizar las audiencias por tandas de entre 20 y 25 acusados.
En la audiencia de este viernes estaban convocados el juez Adrián Dvorzak, el fiscal jefe Juan Pedro Peralta, el fiscal Francisco Marano y los defensores Silvio Fernando Garrido, Omar Rubén Jurgeit, Santiago Silva y Diego Broggini. Éste último no pudo asistir, porque tenía otra audiencia en Cipolletti, por lo que la formulación de cargos quedó en suspenso nuevamente.
Dvorzak consideró justificada la ausencia, pero el problema fue que dos de sus asistidos estaban incluidos en la audiencia y, según explicó el magistrado, tenían una participación necesaria en las conductas que se investigan. Sin su defensor, no podían avanzar con la formulación de cargos porque no estaba garantizada su asistencia técnica.
Los abogados defensores habían presentado escritos para solicitar que se suspendiera la audiencia de formulación de cargos y que previamente se trataran las excepciones y cuestiones preliminares que habían planteado. El pedido se relacionó con una audiencia anterior en la que se había acordado que esas cuestiones serían analizadas antes de avanzar con las imputaciones. A partir de nuevos planteos y de la necesidad de garantizar la presencia de los imputados y sus defensores, el escenario volvió a complicarse.
El Ministerio Público Fiscal también planteó la necesidad de ordenar el procedimiento y propuso fijar una nueva audiencia para abordar las excepciones preliminares y, posteriormente, las formulaciones de cargos. La particularidad de la causa hizo todavía más difícil la organización.
Durante la audiencia, el juez Dvorzak destacó que se trata de una investigación “inédita” por la cantidad de personas involucradas. Finalmente se conformaron nueve legajos.
“Son casi 130, 140 personas. Hay alrededor de 17 abogados defensores. Es inédito creo que en el país semejante cantidad de gente en un solo legajo”, sostuvo el magistrado.
En medio de la discusión, Dvorzak hizo un pedido concreto a todas las partes: que las audiencias no vuelvan a suspenderse una y otra vez. “Es simplemente que todos pongamos la mejor voluntad para que estas audiencias no se sigan suspendiendo y las podamos de una vez por todas comenzar a tramitar”, señaló, al remarcar el enorme trabajo que implica organizar la causa y coordinar las agendas de fiscales, defensores, imputados y demás participantes.
El juez fue todavía más directo al señalar que la investigación lleva dos años y que las demoras tampoco benefician a las personas que están siendo investigadas. “Necesitan un poquito más de voluntad de todos como para que esto no se siga dilatando más en el tiempo, inclusive en beneficio de los propios asistidos”, expresó.
Finalmente, Dvorzak resolvió suspender esta audiencia, pero dejó establecido que las próximas ya tendrán una dinámica definida para evitar nuevos planteos relacionados con su organización. Las otras audiencias que ya están fijadas comenzarán a mediados de septiembre y tendrán carácter de tratamiento de cuestiones preliminares y formulación de cargos.
El magistrado advirtió además que no permitirá que planteos procesales terminen paralizando indefinidamente el avance del expediente. El objetivo, dijo, es que la investigación pueda formalizarse y que las personas involucradas tengan finalmente certeza sobre su situación judicial.
Los hechos
El expediente se inició a partir de sospechas sobre la utilización de certificados médicos apócrifos para justificar inasistencias laborales dentro de la Policía de Río Negro. Sin embargo, lo que comenzó como una investigación puntual terminó derivando en una megacausa que alcanzó a más de un centenar de efectivos.
La denuncia fue impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck junto al fiscal de Estado Gastón Pérez Estevan y su adjunto Luciano Minetti Kern, con la querella a cargo de Federico Rosbaco.
En una primera etapa, el fiscal Juan Pedro Peralta investigó a tres agentes policiales. No obstante, a medida que avanzaron las actuaciones surgieron nuevos elementos que ampliaron significativamente el alcance del caso y se llegó a un número superior a 120 miembros de la fuerza.
Frente a ese escenario, se conformó un equipo especial integrado por las fiscales Mariana Giammona, Candelaria Molineaux y el fiscal Francisco Marano para abordar el volumen de información y la cantidad de personas involucradas.