Megacausa por certificados truchos de salud: a horas de comenzar suspendieron las imputaciones

La causa que tiene a más de 120 policías acusados por presuntos certificados médicos truchos sumó muchas expectativas en la jornada de hoy, pero hubo una nueva reprogramación. La magnitud del expediente obligó a cambiar los planes.

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En este sentido, el juez de Garantías, Adrián Dvorzak dispuso que haya tandas de 20 imputados, para mantener un proceso prolijo y sin interrupciones constantes, para evitar nulidades y especialmente para garantizar el derecho de defensa.

Con más de 120 personas involucradas, decenas de abogados defensores y casi un centenar de participantes conectados por intermedio de plataforma zoom, el magistrado decidió suspender la audiencia y reorganizar el proceso para evitar futuros cuestionamientos legales.

Al respecto, indicó que los defensores oficiales cuentan con un total de 20 imputados cada uno, mientras que hay abogados particulares que tienen entre dos y tres. De esta manera, se dispuso que cada uno diga la cantidad de clientes que tiene y en el lapso de dentro de 10 días se ordenen audiencias de formulaciones de cargos con tandas de alrededor de una veintena.

La medida fue adoptada apenas iniciada la audiencia correspondiente al legajo 21-84-2024, caratulado como una investigación impulsada por la Fiscalía Coordinadora. Allí participaron el fiscal general Juan Pedro Peralta, el fiscal Francisco Marano y la querella de Federico Robasco en representación de la Fiscalía de Estado. Además, estuvo presente la secretaria  de la Función Pública de Río Negro, Tania Lastra. 

Las estrategias de los diferentes acusados serán diversas, ya que hay más de una veintena de defensores oficiales, entre los que se destacan Oscar Pineda y Fernando Ramoa (defensores de Alejandro Gattoni, del supervisor del curso del COER donde murió Gabriel Mandagaray) y el abogado Nicolás Suárez Colmán. 

Ninguno de los defensores se opuso a que las formulaciones sean por partes, aunque solicitaron tener una audiencia preliminar entre todos los letrados y los denunciantes, a fin de acordar cuestiones técnicas en la antesala de las imputaciones. 

El juez Dvorzak dijo con claridad en la audiencia de hoy: "Son casi 123 personas. Eso llevaría una audiencia de varias horas solamente para comenzar con la presentación de cada una de ellas" y agregó que, a criterio del juez, la situación podría afectar el derecho de defensa y el debido proceso, por lo que consideró necesario adoptar esta nueva modalidad.

La propuesta recibió el respaldo de los defensores oficiales, los abogados particulares, el Ministerio Público Fiscal y la querella, que coincidieron en que la medida permitirá un mejor desarrollo del proceso. De hecho, 98 policías se conectaron vía Zoom, con las dificultades técnicas que puede traer aparejada la conectividad. 

Qué pasará ahora

Como primera medida, el juez ordenó a todos los abogados que, en un plazo de diez días, presenten un listado completo de las personas que representan, incluyendo nombre, domicilio, Documento Nacional de Identidad y teléfono de contacto. Con esa información, la Oficina Judicial organizará una audiencia preliminar para analizar las cuestiones procesales pendientes y, una vez resueltas, se definirá el cronograma de las futuras formulaciones de cargos.

La resolución no implica una suspensión definitiva de la investigación. Por el contrario, representa un reordenamiento de una causa que, por la cantidad de involucrados y la complejidad de los planteos jurídicos, amenaza con convertirse en uno de los procesos judiciales más extensos y complejos de los últimos años en Río Negro.

Sin embargo, hay defensores que podrían apuntar a la jurisdiccionalidad, porque hay agentes de toda la provincia. Se presume que los abogados del alto valle pedirán que se los juzgue ante un juez de Roca, mientras que los de la cordillera pedirán lo propio en Bariloche. 

En el caso de Viedma, los abogados oficiales, Pedro Vega, María Paz Álvarez, Graciela Carriqueo y Curi Antún tienen alrededor de 20 clientes cada uno, con lo cual son cerca de 80 los agentes representados por abogados de esta capital. 

Los hechos

El gobierno provincial realizó esta denuncia en junio de 2024, tras un minucioso análisis sobre las licencias médicas por parte de agentes estatales. La denuncia la realizó el gobernador Alberto Weretilneck junto con el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, y su adjunto Luciano Minetti Kern, con la querella de Federico Rosbaco. Hoy, justamente fue Tania Lastra en representación del Ejecutivo provincial. 

La fiscalía general empezó la investigación y, debido al gran volumen, se integró una comisión con el fiscal general Juan Pedro Peralta, y los fiscales Mariana Giammona, Francisco Marano y Candelaria Molineaux.

Oportunamente, Tania Lastra, explicó a la prensa que el caso de certificados médicos truchos se descubrió porque “se viene desarrollando un control exhaustivo sobre la asistencia o la inasistencia de los agentes públicos a sus lugares de trabajo” y añadió que se detectó un patrón alarmante en la emisión de certificados médicos. Según Lastra, estos médicos habrían emitido cientos de certificados médicos irregulares, lo que resultó en un perjuicio económico considerable para el Estado provincial ya que los días no trabajados por enfermedad igual deben ser cobrados.

“Estamos hablando de más de 2000 días de licencias injustificadas solo en el caso de una médica, lo que representa un desfalco millonario”, dijo Lastra para dimensionar la cantidad de licencias en controversia.