Qué resolvieron ante el pedido de prisión a los condenados por la muerte de Mandagaray
La situación procesal de los tres policías condenados por la muerte del oficial Gabriel Mandagaray (25 años) volvió a quedar en el centro de la escena. En una audiencia realizada este jueves, la Fiscalía solicitó que Alejandro Gattoni, Alfredo Nahuelcheo y Maximiliano Vitali Méndez sean enviados a prisión preventiva, al considerar que el avance de las condenas modificó sustancialmente el escenario y aumentó el riesgo de fuga.
La querella acompañó el pedido y sostuvo que la prisión preventiva resulta proporcional a las penas impuestas y al momento que atraviesa la causa. Las defensas, en cambio, rechazaron la posibilidad de encarcelamiento y plantearon que los tres permanecieron durante años sometidos a medidas cautelares sin intentar escapar.
Finalmente, el juez Carlos Reussi, integrante del tribunal junto a Marcelo Álvarez e Ignacio Gandolfi, descartó la prisión preventiva, aunque dispuso la colocación de tobilleras para garantizar que los condenados permanezcan a disposición de la Justicia mientras continúa el proceso de revisión. La audiencia se desarrolló de manera presencial en la Sala Anexo de Viedma, con Nahuelcheo presente, Gattoni desde General Roca y Vitali Méndez desde Bariloche. Los padres del joven fallecido, Antonio Mandagaray y Adriana Fabi también asistieron a la sala.
El fiscal Guillermo Ortiz fue contundente al fundamentar el pedido de prisión preventiva para los tres condenados. En este sentido, dijo: “Vamos a solicitar la prisión preventiva de los tres imputados, todo ello fundamentalmente en el marco de que se encuentran agotadas todas las medidas de apelación, para el cumplimiento de la condena del 25 de julio de 2023”.
Uno de los elementos centrales planteados por el Ministerio Público fue que el escenario procesal cambió luego de las últimas decisiones judiciales. Ortiz remarcó que el 10 de agosto de 2026 fue declarado inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa contra el fallo del Tribunal de Impugnación III.
Para la Fiscalía, ese avance incrementó el riesgo de que los condenados intenten sustraerse de la Justicia. “Hay riesgo de fuga porque existen penas de cumplimiento efectivo, que fueron sometidas a todas las instancias de revisión provincial”, sostuvo y agregó que “la condición y formación de los condenados, que se desempeñaron como policías en fuerzas de élite, saben cómo operar en una situación de huida”, argumentó.
También diferenció el comportamiento que tuvieron durante estos años respecto del escenario actual. “La Fiscalía les reconoce que nunca estuvieron rebeldes, pero no se puede evaluar que sigan así porque esta situación ha tenido un cambio sustancial, por un avance en la firmeza de las condenas”, planteó.
“Los condenados durante el proceso anterior participaron con un ánimo de recibir una absolución, pero ahora se acrecienta el incentivo para sustraerse de la jurisdicción”, adujo.
Otro de los puntos señalados por la Fiscalía fue el lugar donde reside Vitali Méndez, en Bariloche, al considerar que su proximidad con pasos fronterizos incrementaría el riesgo de fuga. Para el Ministerio Público, ni Roca ni Viedma eliminan ese riesgo por las características y contactos que podrían tener los condenados. La Fiscalía también rechazó la posibilidad de reemplazar la prisión preventiva por un monitoreo electrónico.
El abogado querellante Damián Torres adhirió prácticamente en su totalidad al planteo fiscal y puso el foco en la extensa duración del proceso. “En dos años estaban dictando la sentencia, en noviembre de 2023 estábamos en el Tribunal de Impugnación. En dos años y medio el caso terminaba mostrando las bonanzas y la eficacia del Poder Judicial, era un caso brillante”, recordó, pero lamentó que “después empezó el calvario con las revisiones del Superior Tribunal y tres años después llegamos al mismo punto que ustedes habían decidido”.
“Hoy, a cinco años, tendríamos que estar discutiendo la firmeza del fallo de la Corte Suprema y recién ahora se están terminando los recursos del Poder Judicial provincial”, expresó y añadió: “No es culpa ni de los papás ni los imputados que hayan pasado tres años de revisión. Adhiero en todo al riesgo de fuga de los condenados, tal cual como lo argumentó el Ministerio Público. La prisión preventiva es proporcional con la pena de los condenados y con el momento del caso”, afirmó.
“La posición de la familia está de acuerdo con la Fiscalía y no pueden estar conformes a una medida menor a la prisión preventiva. Quieren que los condenados empiecen a purgar su condena por el tiempo que pasó y por el dolor”, manifestó.
La posición de las defensas
El abogado Oscar Pineda, defensor de Alejandro Gattoni, cuestionó que el riesgo de fuga pueda sostenerse solamente sobre la existencia de una condena. “Deben acreditarse los riesgos procesales concretos. Cuando hablamos de peligro de fuga no podemos hacerlo en abstracto. Gattoni estuvo cinco años sometido a distintas medidas cautelares y jamás se fugó ni tuvo ni una sola conducta de sustraerse de la jurisdicción”, sostuvo.
“No tenemos ningún comportamiento que demuestre que Gattoni quiso eludir a la Justicia y ni siquiera tuvo que someterse a un seguimiento satelital”, agregó y sumó: “La mejor evidencia que tenemos de cómo se comportará Gattoni a partir de ahora es la muestra de cómo se comportó en estos últimos cinco años. Estuvo a derecho durante cinco años, no incumplió ninguna medida”.
Pablo Iribarren, también defensor de Gattoni, precisó: “Los imputados son los más afectados y estoicamente han visto cómo los procesos se han alargado por ineficiencia del Poder Judicial”.
Manuel Maza, defensor de Alfredo Nahuelcheo, sostuvo que enviar a su representado a prisión antes de que exista una sentencia firme significaría anticipar el cumplimiento de una pena. “La prisión preventiva implica un anticipo de la condena cuando aún ni siquiera está firme. Sabemos cómo va el proceso, pero no sabemos cómo terminará”, señaló.
“Toda persona acusada tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que no haya una sentencia firme”, afirmó y subrayó: “Nahuelcheo tiene arraigo y a su familia acá, no tiene intención de fuga. Hace tres años que tiene una condena no firme y nunca tuvo intención de fuga”.
“Desde el primer acto procesal, desde la formulación de cargos, tuvimos audiencias intermedias, el debate, la condena, pasaron por los tribunales de impugnación y en todas Nahuelcheo vino en tiempo y en forma y no se lo tuvo que ir a buscar. Durante estos tres años, Nahuelcheo ha cumplido todas las semanas y va a firmar a la comisaría más próxima, sin que yo se lo recuerde”.
Y recordó que en el caso de Horacio Centanni, el bedel de la Universidad Nacional de Río Negro que fue condenado a siete años y medio por abuso sexual a una compañera de trabajo. Al respecto, comentó: “Centanni recibió siete años y medio y tenía arraigo en Viedma y tiene colocada una tobillera electrónica en Bahía Blanca mientras espera una sentencia firme. Nahuelcheo tiene una pena prevista de cuatro años y medio”, sostuvo.
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Por su parte, el defensor oficial Juan Camilo Curi Antún, representante de Maximiliano Vitali Méndez, sostuvo: “La sentencia no está firme porque todavía queda que lo revise la Corte Suprema y estas presunciones de la Fiscalía son viejas”.
“No existen las presunciones libres en temas de prisión preventiva. La doctrina legal que opera en la provincia es contradictoria con esta petición, no hubo ninguna variación que cambie el riesgo procesal de fuga”, argumentó.
“Vitali tiene arraigo y siempre vivió en el mismo domicilio en Bariloche desde 2016”, sostuvo. Después de dejar la Policía, según explicó, comenzó a trabajar realizando viajes mediante una plataforma de transporte. “A partir de su imposibilidad para seguir trabajando como policía, realiza viajes por plataforma Uber y siempre tiene la misma rutina. Tiene hijos y toda su familia en Río Negro”, señaló.
También destacó que actualmente cuenta con una tobillera electrónica. “Su vida es simple y siempre está monitoreado por una tobillera. No se advierten redes de contacto ni conductas de riesgo de fuga”, afirmó.
“En el juicio dijeron que los instructores eran incapaces y que no tenían formación y ahora la Fiscalía aduce que tienen la capacidad para mimetizarse con las montañas en la frontera con Chile”, cuestionó.
La decisión del juez: no habrá prisión preventiva
Luego de escuchar los argumentos de todas las partes, el juez Carlos Reussi analizó la situación y puso especial énfasis en un aspecto: el tiempo que lleva el proceso y la posibilidad de que todavía existan modificaciones en la condena.
“Nosotros no intervenimos en esta instancia sobre el juzgamiento del hecho, ya lo hicimos en la oportunidad del debate, pero sí decimos que el transcurso del tiempo en las decisiones genera una implicancia práctica con respecto a lo que representó la duración de este proceso para cada una de las partes”, explicó.
El magistrado sostuvo que la situación exige prudencia porque todavía no puede descartarse una resolución favorable para los condenados. “Como no sabemos si esa condena va a tener lugar, las decisiones que tomemos tienen que ser prudentes. Podrían ser beneficiados de una resolución exculpatoria, por eso se impone un máximo de prudencia”, afirmó.
Reussi reconoció, además, que el fiscal había realizado un análisis detallado de los argumentos a favor y en contra de la prisión preventiva. “El trabajo del fiscal fue claro, analizó los pro y los contra de los tres acusados”, sostuvo.
“Hubo un avance positivo de la causa. Hace poco un defensor pedía que le saquemos la tobillera a su asistido y hoy tenemos defensores que nos piden una tobillera. Indudablemente hubo cambios en el proceso”, observó.
Pero ese cambio no alcanzó, a criterio del tribunal, para justificar el encarcelamiento. “No advertimos en los argumentos la presencia de elementos que nos conduzcan a privar la libertad de los acusados. Durante estos cinco años han tenido conductas donde se brindaron a la discusión”, presentó Reussi.
Aunque descartó la prisión preventiva, el tribunal entendió que la situación actual requiere endurecer y actualizar las medidas cautelares. En el caso de Vitali Méndez, se mantendrá el monitoreo y el tribunal resolvió insistir con esa herramienta (ya tenía una tobillera por su trabajo como chofer de Uber donde está en constante movimiento). Para los otros dos condenados, se dispuso la colocación de una pulsera electrónica para conocer su ubicación en tiempo real.
Además, los tres deberán presentarse semanalmente en las comisarías más cercanas a sus domicilios. El tribunal también ordenó prohibirles la salida del país y estableció que no podrán abandonar sus respectivas ciudades sin autorización judicial.
Así, la Justicia rechazó por ahora el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía y la querella, pero tampoco dejó intacto el escenario cautelar que los tres policías tenían hasta este momento. La causa continúa su camino hacia la instancia federal, con la Corte Suprema de Justicia, que podría demorar entre tres y cinco años en tomar una decisión.
El hecho
Todo comenzó el 12 de abril de 2021, a 40 kilómetros de Bahía Creek, donde los instructores y el coordinador Alejandro Gattoni hicieron ingresar a los cursantes en un estanque de agua para luego iniciar la caminata hasta la playa en la que acamparon hasta el día siguiente.
En ese marco, los cadetes padecieron “excesivo desgaste físico y psicológico que les generó heridas en los pies, las manos y complicaciones psicológicas”.
También fueron obligados a soportar prácticas humillantes como “orinarlos, colocarse máscaras de excremento de animal sobre sus rostros y hacerlos ingresar al mar a altas horas de la madrugada sin ninguna medida de seguridad”.
En este contexto, el 15 de abril, en el marco del entrenamiento, Mandagaray fue obligado a ingresar al mar junto a dos compañeros con el uniforme policial completo, incluidos los borceguíes y todas las armas reglamentarias.
Previamente, Mandagaray había manifestado que “no sabía nadar”, lo que no fue tenido en cuenta, dado que el oficial y sus dos compañeros fueron instados a ingresar al agua cargando entre los tres un tronco de unos dos metros de largo.
Las autoridades informaron que el joven falleció en el agua por asfixia por sumersión. Pero, según indicaron las pericias forenses, antes de ahogarse sufrió hemorragias por un fuerte golpe en la cabeza, a la vez que estuvo expuesto a un fuerte estrés como consecuencia de diferentes situaciones sufridas durante el entrenamiento.