La Libertad Avanza impulsa cobrar salud y educación a extranjeros sin residencia en la provincia de Buenos Aires
Un proyecto impulsado por La Libertad Avanza reabrió un acalorado debate sobre el acceso de extranjeros a servicios públicos. La legislatura de la provincia de Buenos Aires se encuentra ahora evaluando un controvertido proyecto de ley que podría cambiar las reglas del juego para aquellos que, aun viviendo temporalmente en el país, deben acceder a su educación y salud.
La propuesta, que busca modificar el esquema tradicional de acceso gratuito a estos servicios, fue presentada por Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense. Romo ha defendido enfáticamente la medida, argumentando que en un momento en que los recursos financieros del Estado argentino son limitados, estos deberían centrarse en atender a los residentes permanentes del país. En sus palabras, la carga económica de asegurar servicios de calidad a todas las personas en el territorio debe estar alineada con el compromiso fiscal de sus contribuyentes.
El debate no es nuevo. Allá por 2025, el oficialismo nacional ya había abierto la discusión con iniciativas similares. Sin embargo, la reciente propuesta ha adquirido particular relevancia en un contexto siempre volátil y emotivo provocado por el desenlace del Mundial. En paralelo, un proyecto casi idéntico liderado por Pilar Ramírez, cabeza del bloque libertario en la Legislatura porteña, intenta implementar medidas de contribución por parte de no residentes para la salud pública en Buenos Aires.
Apunto a insertar el concepto de contraprestación, el proyecto solicita que los extranjeros sin residencia permanente retribuyan los servicios de los hospitales y las universidades de la provincia. Esto surge en un momento clave, donde el contexto fiscal limita las posibilidades del estado de brindar gratuidad a aquellos que no forman parte estable de la sociedad argentina.
A medida que el proyecto avanza hacia el tratamiento legislativo, será sometido a un proceso exhaustivo de debate en el que se analizarán sus potenciales impactos, el número de personas afectadas y las ramificaciones de su aplicación práctica, siempre dependiendo del cuestionado, pero indispensable respaldo político necesario para su eventual aprobación.