Entró a robar a una dependencia municipal y luego fue detenido en un banco: qué resolvió la Justicia
La Fiscalía formuló cargos a una persona por dos hechos contra la propiedad, uno de ellos en grado de tentativa, ocurridos en San Antonio Oeste. Durante la audiencia también se debatió la imposición de medidas cautelares, instancia en la que el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva fundamentada en la ley de reiterancia y en la existencia de riesgos procesales.
En la audiencia, el fiscal adjunto le atribuyó al imputado haber ingresado el 17 de julio, alrededor de las 2:22 de la madrugada, al área de Zoonosis del Municipio de San Antonio Oeste, ubicada sobre calle Belgrano al 1900. Allí "tras violentar una reja y una ventana frontal, se apoderó de una computadora de escritorio, un parlante de gran tamaño, un teléfono celular con su cargador, el tóner para impresora y distintos medicamentos de uso veterinario".
Además, le endilgó haber sido quien el 18 de julio, cerca de las 23:39, ingresó a una sucursal bancaria ubicada en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Carlos Pellegrini, luego de romper el vidrio de una puerta lateral. De acuerdo con la teoría del caso, la intención era apoderarse de distintos elementos del lugar, objetivo que no pudo concretarse porque personal policial acudió tras la activación de la alarma y lo encontró en el interior. Allí fue aprehendido.
Los hechos fueron calificados provisoriamente como robo y robo en grado de tentativa respectivamente. Para sustentar la formulación de cargos, la Fiscalía mencionó las denuncias realizadas por personal del área de Zoonosis del Municipio, los informes elaborados por la División Judicial e Investigaciones de San Antonio Oeste sobre el relevamiento de cámaras de seguridad, en las que se observaría el ingreso del imputado al edificio y el apoderamiento de los elementos denunciados, además del informe preliminar del Gabinete de Criminalística respecto de los daños constatados y el levantamiento de rastros.
En relación con el segundo hecho, incorporó las denuncias de referentes de la entidad bancaria y los informes confeccionados por el Gabinete de Criminalística y la Brigada de Investigaciones tras la intervención policial.
Al momento de debatirse las medidas cautelares, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva. Argumentó que era necesario preservar la tranquilidad de quienes podrían intervenir como testigos y resguardar medidas que continúan en curso, teniendo en cuenta que los elementos denunciados como sustraídos aún no fueron recuperados.
También señaló que la persona imputada registra una suspensión de juicio a prueba vigente y otra formulación de cargos por presuntos delitos de lesiones leves y resistencia a la autoridad. En ese contexto, sostuvo que correspondía aplicar lo dispuesto en la ley de reiterancia por existir otras formulaciones de cargos activas.
La Defensa Pública se opuso al pedido. En esta línea, indicó que la persona imputada no posee antecedentes penales condenatorios y sostuvo que la evidencia incorporada hasta el momento se apoya principalmente en registros de cámaras de seguridad. En la misma línea, propuso la aplicación de medidas cautelares menos gravosas que permitieran neutralizar cualquier eventual riesgo de entorpecimiento del proceso.
Luego de escuchar a las partes, el juez tuvo por formulados los cargos y rechazó el pedido de prisión preventiva al considerar que esa medida resultaba desproporcionada para neutralizar los riesgos procesales planteados. Señaló que, si bien existen procesos penales en trámite, ello no equivale a la existencia de antecedentes penales condenatorios y dispuso la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico, la restricción de salidas nocturnas y la prohibición de acercamiento tanto a las personas denunciantes como a los lugares donde ocurrieron los hechos.