Manejaba bajo los efectos de la cocaína y chocó a un motociclista que murió posteriormente: qué condena recibió
Este martes se desarrolló un juicio abreviado contra Emilio Pazos de 42 años, acusado de provocar un siniestro vial que terminó con la muerte del motociclista Gastón Fortete. El hecho fue minutos antes de las 13 del 16 de noviembre de 2024 en San Antonio y se comprobó que el responsable había consumido cocaína.
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Según la acusación, el automovilista conducía una camioneta Chevrolet Blazer cuando, al llegar a la intersección de las calles Godoy Cruz y Machiello, no cedió el paso a una motocicleta Honda que era conducida por la víctima. Como consecuencia de esa maniobra se produjo la colisión que le provocó a la víctima graves politraumatismos.
Aunque inicialmente sobrevivió al impacto y fue trasladado al hospital Artémides Zatti de Viedma, Fortete falleció el 25 de noviembre, nueve días después, y durante la investigación, las pericias determinaron que Pazos circulaba bajo los efectos de estupefacientes y que presentaba cocaína en sangre al momento del hecho. Además, los informes elaborados por el Gabinete de Criminalística concluyeron que la causa principal del siniestro fue la falta de prioridad de paso otorgada al motociclista.
Las pericias también establecieron que tanto la camioneta como la moto circulaban a una velocidad estimada cercana a los 20 kilómetros por hora al momento del impacto.
La condena acordada
La audiencia se desarrolló en la Sala 5 y estuvo encabezada por el juez Marcelo Álvarez. Intervinieron el fiscal Francisco Marano, los abogados Facundo Lassalle y Danilo Vega en representación de Aitana Rivera, pareja y madre de una beba en común con Fortete, y la defensora Graciela Carriqueo. En el marco del juicio abreviado, las partes acordaron una pena de tres años de prisión de ejecución condicional para Pazos, por el delito de homicidio culposo. Además, se dispuso una inhabilitación especial para conducir vehículos por el plazo de cinco años.
La sentencia también impone una serie de pautas de conducta que el condenado deberá cumplir durante el período establecido por la Justicia, entre ellas fijar y mantener domicilio, someterse al control del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL), realizar un tratamiento vinculado al consumo problemático de sustancias y completar un curso de seguridad y responsabilidad vial.
Durante la audiencia se informó que la propuesta había sido previamente convenida entre la Fiscalía y la querella, que acompañó el acuerdo alcanzado. En este marco, se les preguntó tanto a Pazos como a la pareja de la víctima si daban el aval con el monto de la pena y todo lo estipulado, y ambos coincidieron en que era la mejor salida. Finalmente, el juez Marcelo Álvarez aceptó el acuerdo presentado por las partes y homologó el castigo.