Causa sobresueldos: tras la entrega de Barbeito, la defensa apelará a la Corte nacional
El abogado viedmense Damián Torres brindó detalles del presente judicial de su defendido, el exministro César Barbeito, luego de que quedara firme el histórico fallo de la Corte Suprema de la Nación que ratificó las condenas por corrupción de la última administración radical en Río Negro.
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En diálogo con el programa "Tocá Madera" por Radio Noticias (105.5 MHz), Torres confirmó que, tras la resolución del máximo tribunal del país, Barbeito se presentó voluntariamente ante las autoridades. Con esto, tanto él como el también exministro Francisco Javier González ya se encuentran alojados en una dependencia policial comenzando a cumplir la pena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva.
"Barbeito ya está presentado y cumpliendo la pena, en la misma situación que González", ratificó el letrado, aclarando que el resto de los exfuncionarios involucrados - quienes recibieron penas de dos años y medio en suspenso - iniciarán su etapa de ejecución bajo estrictas pautas de conducta.
Durante la entrevista radial, el defensor técnico hizo hincapié en la excesiva dilación de un proceso judicial que comenzó formalmente tras la salida del gobierno radical en 2011. "Tuve que hacer un montón de memoria porque fue un proceso de 15 años; yo era bastante joven cuando me contrataron para esta causa", graficó Torres. El juicio oral y público se sustanció originalmente entre 2016 y 2017.
En su descargo, Torres apuntó contra el trasfondo del sistema judicial de la época y recordó la masiva ola de excusaciones de magistrados que entorpeció el avance del expediente: "Empecé a recordar la cantidad de jueces y fiscales que no intervinieron en este proceso y que se excusaban porque habían estado dentro de la administración pública y también cobraban esto. Llegamos a que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó la condena tres a dos con la intervención de una jueza que había sido recusada por el mismo motivo".
Para el abogado, el cobro de estos adicionales "estaba muy mal administrativa, ética y moralmente", pero insistió en la postura de la defensa de que no constituía un delito penal, señalando además que el caso estuvo marcado por un fuerte componente político.
El contraataque legal: el planteo por "plazos razonables"
Pese a que sus defendidos ya se encuentran bajo arresto, el equipo de abogados defensores prepara un último recurso técnico basado en el tiempo que la causa pasó encajonada en los despachos de Buenos Aires.
"El recurso en la Corte Suprema tardó más que la pena que se había establecido", enfatizó Torres, quien adelantó que darán una discusión jurídica sobre la "prescripción de la acción" y la garantía constitucional de ser juzgado en un plazo razonable. "Entendemos que es un punto para discutir, pero mientras tanto ellos van a ir cumpliendo la pena como cualquier ciudadano común", concluyó.
La resolución unánime de la Corte Suprema de la Nación - con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti - sepultó el último recurso de la defensa y ratificó un esquema de desvío de fondos que funcionó entre 2004 y 2010. Según determinó la investigación iniciada en 2011, la administración provincial utilizó fondos públicos para abonar adicionales salariales "en negro" a cargos jerárquicos por fuera de todos los circuitos de control tradicionales.
El histórico fallo del máximo tribunal de la Nación ratificó además la culpabilidad de otros seis exfuncionarios de alta jerarquía provincial como partícipes necesarios, entre los que se encuentran los exministros Omar Contreras de Turismo, Cristina Uría de Salud, Juan Accatino de Producción, Alfredo Pega de Desarrollo Social y Diego Larreguy de Gobierno, junto al extesorero general de la provincia, José Ongaro.
A diferencia de Barbeito y González, este grupo recibió penas de ejecución en suspenso, por lo que mantendrán su libertad sujetos al cumplimiento de pautas de conducta dictadas por la oficina de ejecución penal.