REVÉS PARA EL GOBIERNO
La Corte Suprema rechazó apartarse en la causa por el financiamiento universitario
En un giro legal que ha dominado los titulares, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió rechazar una solicitación del Gobierno dirigida a apartar a jueces involucrados en la causa por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Esto representa un claro revés para la administración de Javier Milei, quien había buscado frenar el avance de la acción legal promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los rectores de universidades públicas.
La raíz de esta controversia se encuentra en un decreto gubernamental, el 759/2025, que establecía condiciones para la ejecución de la ley, ligándola a la existencia de un presupuesto específico. Esta movida generó el rechazo por parte de las instituciones académicas, que rápidamente accionaron legalmente para asegurar el financiamiento necesario para la estabilidad y operación de las aulas de educación superior de Argentina.
El intento del Gobierno de descalificar a los jueces fue justificado por su vinculación académica con las universidades, un argumento que la Corte refutó categóricamente. En su fallo emitido el 4 de junio, el tribunal sostuvo que ejercer funciones docentes en instituciones públicas no implica necesariamente un interés directo en los procedimientos legales. Los magistrados enfatizaron que los estatutos de recusación y excusación deben ser aplicados con restricciones, para salvaguardar el principio del juez natural que sostiene el sistema judicial.
Por otra parte, se señalaba que, si bien los magistrados tenían una conexión educativa con el sistema de universidades nacionales, no existían bases legales que constituyeran motivos para justificar su apartamiento.
El Poder Ejecutivo, en un último esfuerzo, incluso solicitó que los propios miembros de la Corte se abstuvieran de intervenir, citando la participación de todos en el ámbito académico universitario. Sin embargo, el Tribunal comprendió que la recusación desmedida podría establecer un precedente peligroso. De acuerdo con la sentencia, los pedidos carecían del sustento jurídico necesario para proceder, lo que terminó enterrando las aspiraciones gubernamentales de reavivar las objeciones contra los jueces involucrados en la causa.
En consecuencia, la tramitación de este litigio continuará desarrollándose en el marco de los jueces inicialmente cuestionados. Con esta decisión, la Corte no sólo reafirma la validez del principio de independencia judicial sino que también fortalece el marco constitucional de actuación del sistema universitario, dilucidando caminos para la defensa del financiamiento educativo conforme dicta la ley.