Más de 120 policías frente a la Justicia: llega una audiencia por los supuestos certificados médicos truchos
Después de dos postergaciones y una extensa investigación judicial, este jueves 4 de junio se llevará adelante en Viedma una audiencia que ya es considerada histórica por su magnitud. A partir de las 10 de la mañana, en el Auditorio del Poder Judicial, se formularán cargos contra 128 efectivos de la Policía de Río Negro acusados de haber presentado presuntos certificados médicos falsos para obtener licencias laborales.
Se trata de un número récord de imputados en una misma instancia judicial, en una causa que generó fuerte repercusión institucional y que mantiene bajo la lupa a una parte importante de la fuerza policial provincial.
La audiencia estaba prevista originalmente hace dos meses, pero debió ser reprogramada en dos oportunidades debido a la complejidad del expediente y a la cantidad de personas involucradas. Finalmente, este jueves comenzará formalmente una nueva etapa del proceso penal.
Según trascendió desde el ámbito judicial, la formulación de cargos será un paso clave para delimitar responsabilidades, poner en conocimiento de los acusados los hechos que se les atribuyen y definir cómo continuará la investigación.
El expediente se inició a partir de sospechas sobre la utilización de certificados médicos apócrifos para justificar inasistencias laborales dentro de la Policía de Río Negro. Sin embargo, lo que comenzó como una investigación puntual terminó derivando en una megacausa que alcanzó a más de un centenar de efectivos.
La denuncia fue impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck junto al fiscal de Estado Gastón Pérez Estevan y su adjunto Luciano Minetti Kern, con la querella a cargo de Federico Rosbaco.
En una primera etapa, el fiscal Juan Pedro Peralta investigó a tres agentes policiales. No obstante, a medida que avanzaron las actuaciones surgieron nuevos elementos que ampliaron significativamente el alcance del caso.
Frente a ese escenario, se conformó un equipo especial integrado por las fiscales Mariana Giammona, Candelaria Molineaux y el fiscal Francisco Marano para abordar el volumen de información y la cantidad de personas involucradas.