Muerte de una niña en Viedma: avanza una causa judicial por mala praxis
La médica pediatrica Norellys María de Rosario Amaya Sosa estaba de guardia en el Hospital Zatti el día 12 de junio de 2023, fecha en la que ingresó una niña de seis años con problemas respiratorios. El médico generalista había solicitado su internación y distintos estudios, ya que presumía neumonía, pero Amaya Sosa le dio el alta y omitió pedir una internación. Ya en su casa, la nena comenzó con un importante desmejoramiento, sus padres la volvieron a llevar a la guardia, pero ya era tarde. Nunca lograron estabilizarla y falleció el 15 de julio de 2023.
Producto de este caso, Amaya Sosa, quien hoy vive en la ciudad fueguina de Río Grande, fue imputada por homicidio culposo e incumplimiento de sus deberes de funcionario público. Todo se encaminaba a un juicio oral y público, pero las partes convinieron en una suspensión de juicio a prueba.
Los padres de la víctima acompañaron el acuerdo, entendiendo el criterio de la Justicia y que la condena no sería de prisión efectiva. Además, dijeron que no querían someterse a un procedimiento donde iban a revivir lo sucedido.
En una audiencia cargada de tensión y marcada por el dolor de la familia de la víctima, la Justicia avanzó este martes en el acuerdo en el Anexo del Poder Judicial. La audiencia fue encabezada por el juez Ignacio Gandolfi. Participaron la fiscal Paula De Luque, por la querella Damián Torres y el defensor Oscar Pineda siguió el proceso vía Zoom, al igual que la imputada.
Según expuso la acusación, el hecho principal ocurrió durante la madrugada del 12 de junio de 2023. La fiscalía sostuvo que Amaya Sosa “desoyó la recomendación de internación” de otro médico y otorgó el alta médica a la niña sin ordenar una tomografía computada de tórax, pese a que presentaba “taquicardia y un proceso inflamatorio”.
“La no intervención provocó la muerte de la bebé”, sostuvo la fiscalía a cargo de Paula de Luque, al describir el cuadro que derivó en la imputación por homicidio culposo. Durante la audiencia también se resolvió pedir el sobreseimiento por un segundo hecho vinculado al incumplimiento de deberes de funcionario público. Según explicó Paula De Luque, la evidencia “no tiene la misma fortaleza” que en la acusación principal.
“La señora Amaya no formaba parte del staff fijo del hospital, vino de Choele Choel a cubrir guardias y desconocía la modalidad particular del hospital Zatti”, argumentó la fiscal. También mencionó que en ese momento el centro de salud atravesaba “el traspaso de formato de historias clínicas”.
Uno de los momentos más sensibles de la jornada llegó cuando se expusieron los términos del acuerdo alcanzado entre las partes. Torres, representante de la querella, destacó el trabajo realizado junto a Patricia, madre de la víctima.
Torres dijo: “Hubo un error de diagnóstico que llevó a una ausencia de tratamiento médico" y agregó: "Los padres de la víctima tuvieron claridad y criterio y se buscaron pautas específicas que resuelvan la cuestión de fondo”.
El acuerdo contempla una suspensión de juicio a prueba con una serie de condiciones estrictas para la imputada. Entre ellas, fijar domicilio en Tierra del Fuego y presentarse una vez por mes ante el Patronato de Liberados de esa provincia.
Además, deberá realizar un curso universitario superior en medicina familiar “para que no vuelva a ocurrir”, cumplir 200 horas de trabajo comunitario y afrontar una reparación económica total de 46 millones de pesos.
De ese monto, 19 millones serán cubiertos por la aseguradora y los 27 millones restantes serán abonados por la propia médica. El esquema de pago prevé un desembolso inicial de 7 millones de pesos y luego diez cuotas mensuales consecutivas de 2 millones.
“El pago es mayor a otros montos por el tipo de delito”, remarcó Torres durante la audiencia. Sin embargo, uno de los puntos que más repercusión generó fue que la médica no será inhabilitada para ejercer la profesión. “Con el curso zanjamos la situación para que no vuelva a ocurrir”, explicaron desde la acusación.
Por su parte, el defensor Oscar Pineda valoró el entendimiento alcanzado: “Reivindico el proceso entre las partes. Estamos de acuerdo con las condiciones que han establecido”.
La propia Amaya Sosa tomó la palabra ante el juez y expresó: “Ya sé que no es suficiente y lamento mucho lo que tuvo que transitar la familia. Mi compromiso es para que no vuelva a pasar nunca más”.
El juez Gandolfi informó finalmente que la resolución será emitida por escrito en los próximos días.
Aunque el acuerdo podría evitar el juicio oral, desde la querella aclararon que esto “no zanja eventuales acciones civiles contra el hospital o el Ministerio de Salud”, por lo que el caso todavía podría tener nuevos capítulos judiciales.