Avanza un fallo millonario contra empresas que abandonaron la obra de un edificio público
Tiempo atrás la Unidad Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo Nº 13 de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en Viedma condenó a las empresas Dinale-Pecam, de Rosario por abandonar la obra del complejo judicial Cipolletti. Ese juicio de ejecución representó un monto resarcitorio de más de 32 millones de pesos.
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Posteriormente, las firmas constructoras impugnaron las planillas de liquidación practicada por la provincia de Río Negro, representada por la Fiscalía de Estado, según surge de un expediente difundido por el sitio web del Poder Judicial.
Al evaluar el planteo, el titular del juzgado, Julián Fernández Eguía, rechazó la impugnación de la liquidación de intereses presentada por las empresas, por lo tanto, quedó firme el millonario monto de multa inicial.
El juez, entre los profusos argumentos, indicó que se utiliza una tasa (denominada “Machin”) “de conformidad a la doctrina legal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que ha determinado ese criterio económico de cálculo para todas las deudas dinerarias en mora reclamadas en juicio en la jurisdicción local”.
Estado de situación
A enero pasado, el Complejo Judicial de Cipolletti, ubicado sobre la calle Naciones Unidas entre Teniente Ibáñez y Puerto Rico, presentaba un avance del 70 % de obra civil y encara una nueva etapa licitatoria para su terminación. El presupuesto oficial para concluir el 30 % restante asciende a 12.200 millones de pesos, y la apertura de sobres con las propuestas económicas fue reprogramada para el 2 de febrero, primer día hábil posterior a la feria judicial.
En ese momento, desde el Poder Judicial se explicó que se está finalizando la obra de energización del edificio, etapa clave para poner en servicio las instalaciones eléctricas y permitir luego la ejecución integral de los sistemas internos.
Esa obra de energización integral fue adjudicada en febrero de 2025 y está a cargo de la empresa Energía Controlada. El proyecto arrastra casi nueve años desde la primera adjudicación y atravesó dos licitaciones frustradas, ambas con rescisión de contrato por incumplimientos de las empresas a cargo, como demoras de plazos y adicionales que el STJ consideró injustificados. Esta sucesión de interrupciones prolongó la presencia de una estructura inconclusa en una zona neurálgica de la ciudad, postergando la concentración de servicios judiciales en un único complejo edilicio.
La primera licitación fue adjudicada a DAL Construcciones, de Chaco, con contrato firmado el 24 de mayo de 2017, plazo de 900 días corridos y monto de 300 millones de pesos. Tras un año y medio de demoras, el gobierno provincial rescindió el contrato y transfirió la responsabilidad de supervisión y contratación al Tribunal Superior de Justicia. El 11 de diciembre de 2019 asumió el consorcio integrado por Pecam y Dinale, pero el segundo contrato también fue rescindido el 18 de octubre de 2023 por plazos vencidos y bajo ritmo de obra.
En la nueva licitación, el Poder Judicial resolvió que el resto del edificio se ejecute en un solo tramo, y de acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, se adjudicó la terminación a la empresa constructora Roque Mocciola S.A., con domicilio en General Roca, por un monto cercano a los 13.986 millones de pesos. En su momento se consideró esa propuesta como la más conveniente para los intereses del Poder Judicial, considerándose que ya está en obra.