Buscan prohibir los cotos de caza en Río Negro
Mientras la cacería del jabalí con jauría es un tema que está sobre la mesa en Río Negro, en la otra punta de la cuestión aparecen los cotos de caza. Estos predios destinados a la actividad, pero de manera deportiva y que generan muchos dividendos.
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La provincia cuenta con 14 establecimientos habilitados para la actividad, pero surgió un proyecto de ley que busca ponerle fin a este movimiento. Fue presentado en la Legislatura rionegrina por Magdalena Odarda (Vamos con Todos).
La legisladora remarcó la necesidad de desterrar estos espacios que están en funcionamiento y prohibir la habilitación de otros en el futuro en todo el territorio rionegrino. Propone un cambio de paradigma jurídico, pasado de la visión antropocéntrica, que tiene al ser humano como el centro de todo, a una ecocéntrica, cuya doctrina pone al ecosistema por encima de todo.
Un ámbito en el que se respete a los animales como individuos valiosos y “seres sintientes”, en lugar de considerarlos meros objetos económicos o de entretenimiento. “La tortura no es arte ni cultura”, subrayó en sus fundamentos. A su vez, remarca que los cotos de caza promueven la mercantilización de la vida silvestre y se apartan de los principios del nuevo derecho animal.
Remarcó que los establecimientos que se encuentran en la provincia forman parte de un exclusivo circuito de turismo cinegético a nivel internacional. “En estos recintos privados, la matanza de fauna silvestre para obtener ‘trofeos’ mueve cifras exorbitantes, llegándose a abonar sumas de hasta 3.500 euros por pieza cazada”, enfatizó Odarda.
Uno de los puntos más críticos que señala el proyecto de la parlamentaria opositora es “la grave desproporción entre la magnitud de este lucrativo negocio y la limitada capacidad de control del Estado”.
Según información oficial remitida por la Subsecretaría de Fauna –que fue citada por Odarda- la provincia “dispone de tan solo cinco guardafaunas y tres vehículos para fiscalizar no sólo estos 14 cotos, sino también el conjunto de las áreas naturales protegidas. Esta falta de fiscalización incrementa significativamente el riesgo de maltrato animal y pone en peligro a especies protegidas que habitan la región, como el huemul, el pudú y el puma”.
En sus conclusiones, la autora del proyecto sostiene que prohibir estos establecimientos “es una medida razonable y necesaria para garantizar la protección integral de la biodiversidad y fomentar una cultura de paz, argumentando que matar por diversión y premiar con la cabeza de un animal no humano fomenta un patrón de violencia incompatible con la sociedad actual”.