Río Negro sancionó una reforma integral de la Ley de Trabajo para modernizar la fiscalización laboral
La Legislatura de Río Negro sancionó este jueves, por unanimidad, una reforma integral de la Ley K N° 5255, para modernizar y fortalecer el rol de la Secretaría de Trabajo en materia de fiscalización en la provincia de Río Negro. La Secretaria de Trabajo de la Provincia, María Martha Avilez, estuvo presente en el debate.
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La iniciativa establece un sistema de inspección con carácter preventivo, correctivo y sancionatorio. La Secretaría contará con delegaciones, subdelegaciones u oficinas territoriales para garantizar su presencia institucional.
Asimismo, los protocolos aprobados por la autoridad de aplicación son de cumplimiento obligatorio siempre que resulten compatibles con las disposiciones constitucionales y convencionales relativas al trabajo.
Se amplían las funciones de la Secretaría, sumando responsabilidades como la promoción de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, la inserción de personas con discapacidad, la erradicación del trabajo infantil y el fomento de la contratación de mano de obra local.
También incorpora el fomento de la negociación colectiva para los agentes estatales y la intervención en investigaciones de accidentes laborales. En cuanto a la tutela de derechos, la reforma garantiza el patrocinio jurídico gratuito; si una conciliación finaliza sin acuerdo, el funcionario debe ofrecer al trabajador la representación legal gratuita del organismo para la posterior instancia judicial.
Además, los agentes quedan relevados del deber de confidencialidad a los fines de denunciar de forma obligatoria casos de trabajo infantil, discriminación, violencia laboral o trata de personas ante los organismos competentes.
La norma adecua la legislación a las nuevas modalidades productivas, habilitando de forma expresa la fiscalización del trabajo remoto, el teletrabajo y las actividades desarrolladas a través de aplicaciones móviles y plataformas digitales. Para ello, incorpora la transformación digital del sistema mediante expedientes electrónicos, actas digitales y la creación del legajo digital del empleador para evaluar reincidencias y trazabilidad.
El texto promueve el cumplimiento voluntario a través de mecanismos como los programas de autoinspección laboral mediante declaraciones juradas y audiencias de regularización laboral que otorgan plazos para subsanar los incumplimientos.
En materia sancionatoria, se crea el Registro Provincial de Infractores Laborales para asentar las sanciones firmes, y el dictamen especifica que la reglamentación deberá fijar su funcionamiento, actualización y accesibilidad. Durante el proceso de inspección, la falta de colaboración o el obstáculo a la labor inspectiva por parte del empleador se considera exclusivamente como un factor agravante ante una eventual sanción, eliminándose la posibilidad de que opere como atenuante. Finalmente, para evitar la desvalorización de las penalidades económicas, las multas se cuantificarán utilizando la unidad de medida “Jus”, respetando los principios de proporcionalidad, razonabilidad y legalidad.
El debate
La miembro informante del oficialismo, Natalia Reynoso (JSRN), fundamentó el proyecto. Argumentó que la reforma estructura un Estado adaptado al mercado de trabajo actual. La iniciativa propone un cambio de paradigma para pasar de un modelo punitivo a un Estado “inteligente y preventivo”. El texto incorpora la digitalización de los expedientes, el legajo digital del empleador y habilita la fiscalización del teletrabajo y de las plataformas digitales.
Reynoso (JSRN) detalló los mecanismos introducidos en la provincia. La ley permite la autoinspección con declaración jurada para empleadores con actividades sin riesgo. Además, el proyecto crea la audiencia de regularización, una instancia que otorga un plazo para subsanar incumplimientos de manera previa a la sanción. La legisladora explicó que las multas se cuantificarán en unidades Jus para eludir su desvalorización y la recaudación obtenida financiará programas de capacitación.
Sobre el nuevo rol que debe asumir el Estado frente a las relaciones laborales, Reynoso aseguró: “Necesitamos que no sea ni un Estado ausente, ni un Estado persecutor, sí un Estado inteligente. Y en esto justamente está enmarcado este nuevo principio o paradigma”.
“Hay que dejar de pensar en un Estado que castiga, un Estado que persigue la sanción a cambio de un Estado que acompaña y que formula las condiciones para que exista menos incumplimiento a las normativas laborales”, agregó.
Por el bloque Vamos con Todos, Ayelen Spósito anticipó el acompañamiento de su bloque a la iniciativa al considerar que el texto viene a jerarquizar y ordenar el funcionamiento de la Secretaría de Trabajo.
La parlamentaria valoró la aceptación de varias modificaciones sugeridas por su espacio que volvieron a la ley más representativa, destacando especialmente la exigencia de que los protocolos laborales cumplan con las normativas constitucionales y la obligatoriedad imperativa de que el organismo cuente con delegaciones territoriales.
Además, celebró la ampliación de las funciones de la Secretaría para garantizar la igualdad de oportunidades entre géneros, la inclusión laboral de personas con discapacidad, la erradicación del trabajo infantil, el fomento de la negociación colectiva de los agentes estatales y la provisión de patrocinio jurídico gratuito.
Daniel Belloso (PJ-NE) anticipó el voto afirmativo de su bancada. El parlamentario enumeró los cambios aceptados, como la obligación de crear delegaciones y la incorporación del patrocinio jurídico sin costo. Además, el legislador sumó a las funciones del organismo la promoción de la igualdad de género y la erradicación del trabajo infantil.
Javier Acevedo (CC ARI) acompañó la sanción de la sustitución integral de la ley. El legislador pidió a las autoridades enfocar las inspecciones en las residencias de adultos mayores ante los índices de informalidad en ese sector.
El presidente del bloque del PRO, Juan Martín, expresó reparos sobre el artículo 14, al advertir un exceso en la intervención estatal frente a los accidentes laborales. También objetó el artículo 106 sobre la asistencia jurídica por una eventual sobrecarga de tareas para el organismo.
El legislador Lucas Pica (JSRN) adhirió a la presentación de la miembro informante y agradeció a la secretaria de Trabajo y a los representantes sindicales por el trabajo conjunto para proteger el empleo genuino rionegrino.