Desalojo en Viedma: La mujer condenada sostiene que actuó “en la desesperación de no quedar en la calle”
En medio del conflicto por el desalojo de una vivienda en el barrio 20 de Junio, Elisabet Romero, quien fue condenada por el delito de usurpación, en el marco de un extenso proceso judicial, habló con NoticiasNet para dar su punto de vista de los hechos y puso el foco en la falta de alternativas habitacionales al momento de ocupar el inmueble.
La situación comenzó en 2020, en el contexto de la pandemia, cuando perdió sus ingresos como trabajadora independiente en decoración de eventos. “Para mí económicamente fue tremendo”, explicó Romero, quien ante la imposibilidad de sostener un alquiler y sin acceso a ayuda estatal, llegó a la vivienda que hoy está en conflicto, a través de vecinos.
“Me comentan de este departamento que estaba desocupado hace unos meses” y agregó que le ofrecieron ingresar porque el lugar “se utilizaba como 'aguantadero'”, y generaba problemas de inseguridad en el barrio.
“En la desesperación de quedar en la calle, en plena pandemia, donde estaba todo restringido también, o ingresaba ahí,.... no tenía otra” recordó la imputada. Sin embargo, la vivienda estaba en malas condiciones, hasta incluso llegó a recordar que “estaba totalmente deteriorado, lleno de excremento”.
En aquel momento, la jefa de hogar confesó al medio que tuvo varios intentos de regularizar su situación “me acerqué al Instituto de Promoción y Planficación de la Vivienda (IPPV) para saber de quién era el departamento”. Por lo que aseguró que estaba a nombre de una mujer, pero que no logró ubicarla.
Meses después, la Fundación Creando Futuro inició acciones legales y la “la causa tuvo idas y vueltas”. Lo que pensó que podía resolverse desde el dialogo terminó con “que era una causa civil, no penal, y después vuelve otra vez a lo penal”, dijo la mamá de cinco hijos y trabajadora informal.
Consultada en relación al proceso judicial, Romero cuestionó el proceso: “Recibí amenazas todo el tiempo, de que me iban a sacar a mis hijos o que me iban a meter presa”. También puso en duda la situación dominial del inmueble: “Dijeron que la otra parte está floja de papeles, y sin embargo fallan a favor de ellos”.
En cuanto a lo resulto en la última audiencia, el juez dispuso un plazo de 45 días para el desalojo. “Van a pasar 45 días ¿qué voy a hacer?”, planteó. Si bien mencionó el estado de salud de una de sus hijas como un factor que complejiza el escenario familiar, centró su pedido en el acceso a una vivienda. “Hoy más que nunca siento la necesidad de que me escuchen, porque no tengo un lugar donde vivir tranquila con mis hijos”, concluyó.